Mientras el PSOE intentaba recabar el apoyo del Congreso a las licitaciones andaluzas, el Consejo de Estado ha llevado a cabo un dictamen que analiza la propuesta andaluza desde diversos puntos de vista. Ninguno ofrece algún punto a favor de la legalidad de la iniciativa puesta en marcha por la consejera de Salud María Jesús Montero.
Lucas Manuel Blanque, letrado de esta organización y director de los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía, explicó durante una jornada organizada por CEFI que no solo existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad, sino que hay motivos para plantear un conflicto de competencias con Andalucía. Es más, el dictamen presenta, según Blanque, “fundamentos más que suficientes para desmontar todos los artículos” del decreto ley andaluz que se refieren a este sistema de convocatoria, entre otros relativos a los derechos de los ciudadanos, garantías de abastecimiento o competencias de financiación de los medicamentos.
¿Debate parlamentario o mitin electoral? La intentona del Grupo Parlamentario Socialista de afrontar un debate a favor de una sanidad pública “fuerte, equitativa y gratuita” ha generado un gran malestar entre los diputados y un rechazo casi unánime de la Cámara Baja a su propuesta de extender el modelo de subastas andaluzas a todo el SNS: 113 votos a favor, 193 en contra y nueve abstenciones.
No era tanto una cuestión de contenido. UPyD e IU apuestan por racionalizar el gasto farmacéutico, y extender las subastas supondría, según defendió el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, un ahorro de 1.500 millones de euros. Pero la falta de una evaluación sobre los efectos de las subastas en la factura impidió el voto favorable de UPyD, lo que dejó al grupo socialista con IU como único aliado, aunque favorable a alcanzar otras medidas destinadas a combatir el problema del número de recetas.
Sin embargo, a diez días de las elecciones andaluzas, el debate derivó en un cruce de acusaciones sobre copagos, repagos, tasas e invasiones de competencias que en nada beneficia al Pacto sanitario que todos los partidos se han propuesto alcanzar, tal y como señaló la portavoz de CiU, Concepciò Tarruella. El propio Martínez Olmos aseguró que “Cataluña se beneficiaría en 170 millones, mucho más de lo que va a recaudar” con el euro por receta. Asimismo, añadió que no apostar por la extensión de las subastas expresa que “probablemente el PP tiene ya decidido y escondido un paquete de recorte sanitario”.
Este fue el detonante de unas críticas a las que no escapó la respuesta del portavoz de Sanidad del PP, Manuel Cervera. Tras repetir que las subastas invaden competencias del Estado y de las autonomías, Cervera acusó al PSOE de querer sacar “rédito político” con la moción, aunque él mismo entró en el debate con declaraciones de tintes electoralistas. “Ahorrar supone gestionar bien, de forma eficiente y ética, y en la Junta de Andalucía la gestión eficiente y ética brilla por su ausencia”, manifestó.
Apología creativa
Las críticas a PP y PSOE por traer al Congreso los discursos andaluces terminaron por convertirse en una sucesión de peticiones al presidente de la Cámara, Jesús Posada, a que se respetara el decoro institucional y se trasladaran los debates a sus respectivos foros.
Más allá, varios grupos de la oposición mostraron su malestar por lo que el portavoz de Sanidad de PNV, Emilio Olabarría, denominó “apología creativa”, y que para la formación vasca supone en este caso una invasión competencial “de niveles aberrantes”. Es decir, intentar imponer el modelo de una comunidad autónoma sin tener en cuenta las competencias de todas las demás.
Izquierda Unida tomó el relevo, trasladando la polémica a Cataluña. “La aprobación del repago catalán hace de este un mal día para el SNS”, aseguró su portavoz sanitario, Gaspar Llamazares, quien recordó las negativas de apoyos a posibles copagos y tasas, y acusó al PP de fraude electoral. “Su palabra no vale nada”, dijo.
En la línea del grupo vasco, CiU optó por respetar las subastas como medida autonómica de igual validez que el cataloguiño o la tasa farmacéutica catalana. “Usted no es nadie para dar lecciones a Cataluña. Si Cataluña se ve obligada a tomar medidas, su Gobierno precisamente no es ajeno”, señaló Tarruella a Martínez Olmos.
