El órdago de la Junta de Andalucía terminó por convertirse en un revés para el Partido Socialista andaluz a menos de dos días de las elecciones autonómicas. El pasado viernes, las 11 compañías adjudicatarias de la primera convocatoria de subastas de medicamentos tenían que firmar sus convenios con el Servicio Andaluz de Salud, pero finalmente solo firmaron cuatro: Laboratorios VIR, Uxafarma, Medinsa y Aurobindo. La consejera de Salud, María Jesús Montero, estudia llevar al fiscal la actuación del Ministerio de Sanidad, a quien acusa de haber presionado a las adjudicatarias para que no firmaran el procedimiento. Asimismo, también estudia iniciar acciones legales contra estas compañías.
Las patronales de la industria niegan haber dado instrucciones y achacan lo ocurrido a las decisiones individuales de cada empresa, que han terminado por hacer añicos la gran baza que el PSOE presentaba a los comicios como estrategia de ahorro frente al copago. Todo empezó el 20 de marzo. Sanofi, adjudicataria de una de las presentaciones de clopidogrel, enviaba sendas cartas al presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos y a cada uno de los organismos provinciales para justificar su participación en las subastas, a pesar de haber interpuesto previamente dos recursos por vía administrativa contra dicho procedimiento. “Por nuestro deber hacia los pacientes y por nuestro deber hacia nuestros empleados nos hemos visto obligados a presentar una oferta”, señalaba la misiva, a la que ha tenido acceso EG.
Un día después, 48 horas antes de tener que ir a la firma del convenio en Sevilla, la compañía remitía otro escrito al colectivo, confirmando que no rubricaría el documento para suministrar Plavix en las condiciones establecidas en la subasta. En él se explicaba que, ante los recientes comentarios de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuestionando la constitucionalidad del proceso y, conocedora y pendiente de la respuesta del Consejo de Estado sobre esa eventual inconstitucionalidad, Sanofi había enviado otra carta a la Junta de Andalucía exigiendo la detención del proceso y su no adjudicación hasta que no se aclarara la legalidad del proceso.
Horas después, la negativa de Sanofi se convirtió en un goteo que sumaba las de Bayer, Abbott, UCB Pharma, Nycomed, Janssen Cilag y Ranbaxy, todas con la misma versión oficial: ante las distintas opiniones y dudas manifestadas por distintos colectivos, y antes de dar nuevos pasos, era preferible optar por la prudencia y esperar hasta que se aclarara la situación.
Pero la Consejería de Salud se desmarcó en seguida de estos argumentos. El jueves, antes de participar en un mitin electoral, Montero denunciaba “presiones y amenazas de miembros del PP”, presiones que el viernes trasladó hasta el propio Ministerio de Sanidad, asegurando que varias compañías le habían informado de que el Ministerio amenazaba con bajar sus precios en el conjunto del Estado a quien accediera a formalizar los contratos con la Junta.
Arma electoral
El Ministerio de Sanidad desmiente cualquier tipo de presión. “Solo hemos tendido la mano a la Junta de Andalucía y hemos abierto mecanismos administrativos para alcanzar un acuerdo. Si se han retirado los laboratorios habrá sido por otros motivos”, señalaron a EG fuentes del Departamento de Ana Mato, citando como ejemplo los dictámenes del Consejo de Estado. Más allá, la postura del Ministerio no ha variado. Sigue apelando al diálogo para “no verse obligado” a recurrir el proceso de licitación de medicamentos al Constitucional.
La seguridad de que este es el destino y el final de las subastas hizo al Cacof augurar poco futuro al proyecto. Sin embargo, al cierre de esta edición el recurso seguía sin presentarse. Se habían remitido a la Junta, eso sí, los dos informes del Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de este sistema de adjudicaciones. El Gobierno sigue así haciendo uso de la prórroga que la apertura del proceso de diálogo abrió de cara a presentar el recurso.
La prórroga coincide con las elecciones andaluzas lo que, en la práctica, dejaba para esta semana la decisión final, a la espera de saber si el PSOE mantenía el Gobierno, lo que acabaría con el recurso definitivo ante el Constitucional, o si el PP se alzaba con la mayoría absoluta, en cuyo caso la cuestión se resolvería por la vía de la negociación política.
Otros dos motivos no dichos pueden subyacer tras el no de las compañías a la firma de los convenios. El primero lo dio la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento andaluz. Teniendo en cuenta la posible ilegalidad de las subastas, Ana María Corredera afirmó que si la Junta insistía en firmarlas “podría estar incurriendo en un delito de prevaricación”, algo con lo que también coincidieron algunas fuentes del sector farmacéutico consultadas por este periódico.
Más allá, se da la circunstancia de que muchas de las compañías que no han firmado los convenios se habían visto afectadas por el proceso de subastas ciegas. En 19 de las 28 formulaciones adjudicadas no hubo competencia. Pese a ello, los descuentos sobre el precio de venta del laboratorio (PVL) habían alcanzado niveles de hasta el 55,2 por ciento. El mayor descuento llegó al 78 por ciento (Ranbaxy), aunque en este caso sí se habían presentado ofertas de la competencia.
A este respecto, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg, explica que las compañías asociadas a la patronal habían decidido “unilateral y voluntariamente” no participar en las subastas, en coherencia con la posición oficial de este organismo, que entiende que las subastas vulneran competencias estatales, que no se adapta a la legislación y que rompe la unidad del mercado y la cohesión.