Montero tramita por la vía urgente un decreto que saca de la oficina de farmacia los productos sanitarios

El Ministerio de Sanidad califica el proyecto de decreto de “positivo” y dice que “no es semejante” al catálogo

| 2011-07-15T16:16:00+02:00 h |

La fórmula del copago farmacéutico funciona en España desde hace décadas. Actualmente es el 40 por ciento del precio de los fármacos con receta para los trabajadores activos. Las variaciones en población experimentadas en los últimos años y las diferencias en torno al nivel adquisitivo han puesto sobre la mesa la necesidad de reformular este copago y vincularlo a la renta de las personas. Las subastas de la consejera María Jesús Montero han irrumpido de refilón en este debate, ya que, aunque paguen la misma cantidad que el resto de los españoles, los andaluces pagarán porcentualmente más, en función de cada concurso.

Un ejemplo hipotético: una compañía que ha ganado un concurso al incorporar un descuento del 25 por ciento en el PVL en un medicamento con un PVP-IVA de 100 euros. El margen del laboratorio bajaría de los 64,06 euros a los 48,04. La diferencia, esos 16,02 euros, es lo que el SAS ahorrará con esta subasta. Para las arcas públicas supone un 12,71 por ciento menos de lo que pagaba sin las subastas. Para los pacientes andaluces económicamente tampoco hay cambio. Pagarán lo mismo que el resto de los españoles, aunque esa cantidad no será el 40 por ciento del fármaco, sino el 47,63, un 19,07 por ciento más.

carlos b. rodríguez

Madrid

¿Puede el intento de profundizar en una estrategia dar como resultado algo opuesto al resultado de esa estrategia? La respuesta a esta pregunta es sí, si de lo que hablamos es del proyecto de decreto de Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Con su proyecto de subastas, la consejera de Salud, María Jesús Montero, pretendía profundizar en la prescripción por principio activo (PPA). El resultado será, en efecto, una prescripción por PPA aunque, paradójicamente, por lo general solamente se hablará de dispensar una única marca.

Andalucía, pionera en la PPA cuando el Sistema Nacional de Salud iba por otros derroteros, vuelve a desmarcarse ahora del resto de comunidades autónomas, precisamente cuando algunas de ellas se suman a la prescripción por principio activo. ¿Contraria a sus propios principios? A primera vista no lo parece. Montero ha defendido en múltiples ocasiones que lo que intenta con la licitación de fármacos es ahondar en esta estrategia.

Y el Ministerio de Sanidad tampoco ve que las subastas vayan a la contra. Fuentes del departamento de Leire Pajín consultadas por EG señalan que “a falta de un análisis más pormenorizado, parece una iniciativa positiva porque respetando la prescripción por principio activo, genera ahorros adicionales que son necesarios sin afectar la calidad ni la voluntad de prescripción de los médicos”.

Sin embargo, el texto del proyecto de decreto deja intuir una leve crítica a la política que tantos éxitos le ha reportado a los consejeros andaluces en materia de prescripción de medicamentos genéricos a lo largo de los últimos diez años. De hecho, el texto indica que su objetivo es doble. Por un lado, disminuir el gasto público en medicamentos y productos sanitarios “aprovechando los mecanismos legítimos de competencia”. Por otro, contribuir a la mejora de la dispensación al disminuir los “inconvenientes” que supone para los pacientes el cambio de presentación en las sucesivas dispensaciones. Algo que el sector ponía de manifiesto desde hace tiempo y que solamente ahora, con las subastas, la Consejería de Salud andaluza también reconoce.

Genéricos y licencias

La idea de las subastas, la medida estrella de un decreto que se tramita por la vía urgente y que podría llevarse a Consejo de Gobierno a la vuelta de otoño, es lograr ahorros de entre 40 y 200 millones de euros al sacar a concurso los subgrupos farmacoterapéuticos de nivel 4 “de mayor consumo”, es decir, aquellos que más gasto sanitario representan para las arcas públicas andaluzas.

Se empezará con los protectores gástricos, las estatinas y los inhibidores de la agregación plaquetaria. Pero el decreto permite a Montero extender la subasta a todos los subgrupos que tengan un genérico o incluso licencias. Así se explica en el artículo 6: “En cada convocatoria de selección se incluirán todas las formulaciones de todos los principios activos clasificados en los correspondientes subgrupos para las que existan, al menos, dos medicamentos en el mercado con precio igual o inferior al precio menor”.

Sin embargo, no siempre habrá una única presentación a la que médicos y farmacéuticos podrán recurrir. Para garantizar el adecuado suministro en las oficinas de farmacia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hará constar en la convocatoria la posibilidad de seleccionar más de un fármaco para una misma formulación.

Salida de productos sanitarios

La subasta no es la única medida prevista por el gobierno andaluz para adelgazar aún más la factura farmacéutica. Tras la salida de las oficinas de farmacia de los medicamentos de diagnóstico hospitalario, ahora le tocará el turno a los productos sanitarios. Los artículos 9 y 10 articulan la posibilidad de que los centros sanitarios puedan adquirir y suministrar directamente a los pacientes los tratamientos dietoterápicos y los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica que les sean prescritos.

De la misma forma, se contempla que sea el propio médico el que, en sus visitas domiciliarias, lleve los productos sanitarios y para la nutrición enteral domiciliaria que sean necesarios.

Subasta frente a catálogo

Una vez que ha salido a la luz este proyecto de decreto, que nace con vocación de ser exportado a otras comunidades, no cabe esperar una actitud crítica por parte del Ministerio de Sanidad. Sus responsables aseguran que la situación generada por el decreto andaluz “no es semejante” a la generada con Galicia, donde hay, añaden, un conflicto jurídico competencia. “Es importante reseñarlo porque, al contrario de lo que se dice en algunos sitios, el ministerio no ha cambiado su posición. El ministerio lo que siempre dijo es que habría que esperar a que se concretasen las distintas medidas y que en caso de invadir competencias se actuaría independientemente de la comunidad que fuera”, señalan las mismas fuentes.