Toni Martínez Valencia | viernes, 13 de enero de 2012 h |

Una sola frase, pronunciada por el consejero de presidencia valenciano, José Císcar, ha bastado para colocar a las farmacias valencianas en alerta. La frase en cuestión señala que a partir de este año se va a establecer un “nuevo convenio para permitir el pronto pago de los primeros 150.000 facturados por oficina de farmacia, como en la actualidad, y el resto diferido se negociará”. En este sentido, este nuevo convenio se enmarca dentro de un decreto ley que la Comunidad Valenciana ha aprobado para reducir su déficit en 1.000 millones de euros. De esa cantidad, 440 corresponden al ámbito sanitario y de ellos, 125, a medidas que afectan directamente a las oficinas de farmacia.

Hasta el momento, poco se conoce sobre estas medidas anunciadas el pasado 5 de enero y que aún no han sido explicadas. Las mayores dudas surgen a la hora de interpretar a qué se refiere la Generalitat Valenciana cuando habla de un límite de 150.000 euros facturados para el “pronto pago”. Incluso, los expertos consultados no lograban descifrar si se trataba de una cifra anual, trimestral o mensual, qué pasará con el resto de la facturación o qué significa la expresión “pronto pago”.

Según un primer cálculo hecho por los farmacéuticos, si el techo de gasto de 150.000 euros fuese anual, como confirmaron a EG desde la consejería, afectaría a la mayoría de las boticas y, en algunos casos, implicaría que el “pronto pago” se acabaría a mitad de año con los problemas de subsistencia que acarrearía para muchas oficinas. Además, hay que añadir la desconfianza sobre la negociación del “pago diferido” que implicaría, necesariamente, un cambio de las relaciones entre la Administración y los farmacéuticos.

Aunque la Consejería de Sanidad Valenciana no ha dado explicaciones sobre esta medida en concreto, a la espera de que esta semana sea el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien explique el plan de ajustes ante las Cortes Valencianas, EG ha podido conocer que se trata de una medida aún por definir y que está en pleno proceso de formulación, al menos en lo que se refiere a los aspectos que afectan más directamente a la farmacia.

Así, se estudia que el “pronto pago” se incluya como una medida de ayuda de forma progresiva para garantizar la sostenibilidad de las farmacias más pequeñas (de menor facturación), y negociar el aplazamiento con las de mayor facturación y que, en teoría, pueden hacer frente con más solvencia a un pago atrasado.

Nuevo convenio

El otro punto de desconfianza sobre el texto aprobado por el pleno del Consejo valenciano se refiere a la utilización del término “nuevo convenio”, una situación que afectaría al actual concierto que rige las relaciones entre la Consejería de Sanidad y las farmacias, un acuerdo que data de 2004 y que vio la luz tras varios años de negociaciones. Por ello, desde el sector no se entiende que se anuncie un nuevo convenio sin haber sido consultado antes una de las partes implicadas en el proceso.

Los farmacéuticos valencianos no entienden que se anuncie un “convenio regulador por sorpresa, sin saber qué va a pasar”, y qué actitud tomar “ante unas medidas que no aparecen ni siquiera en el decreto ley publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana”. De hecho, los representantes de las farmacias valencianas han pedido, como se establece en el acuerdo que está aún en vigor, que se convoque urgentemente la Comisión Mixta Central de Seguimiento para iniciar la negociación de este nuevo convenio anunciado para ver cómo y en qué afectaría al Concierto actual.


Otras medidas

Los otros dos grandes acuerdos con los que el gobierno valenciano aspira a concretar el ahorro de 125 millones de euros anuales en farmacia, son los que hacen referencia al “suministro a los centros sociosanitarios de los medicamentos adquiridos por el sistema sanitario”, y a la revisión de historiales farmacoterapéuticos.

Fuentes conocedoras de las intenciones de la Consejería de Sanidad enmarcan la primera medida en el deseo, por parte del departamento que dirige Luis Rosado, de un mayor control en el gasto en los centros sociosanitarios, gracias a la elaboración de un reglamento que ponga en marcha el decreto que se hizo para regular la atención farmacológica en los centros privados.