carlos b. rodríguez
Madrid
La Ponencia del Congreso encargada de informar de los PGE para 2009 aceptó la semana pasada incorporar al proyecto 300 enmiendas parciales, todas las del PSOE junto con 60 suscritas con el PNV y el BNG. En la práctica, supone, entre otras cosas, la creación de un fondo de 17 millones de euros para poner en pie la Ley de Dependencia.
No son los 1.000 millones que pide CiU para compensar a las autonomías el dinero desembolsado en esta materia antes de la entrada en vigor de la ley, pero se trata de una decisión que vuelve a poner en evidencia que la dependencia es una de las partidas más beneficiadas de los presupuestos.
La I+D, en cambio, sigue generando dudas y en la estructura gubernamental actual ha permitido la entrada de enmiendas novedosas en materia sanitaria. Han vuelto a registrarse algunas clásicas como la petición de incrementar la dotación del Fondo de Cohesión —Coalición Canaria solicita 45 millones de euros y el PP, 400—, pero otras vaticinan cambios sustanciales en el trámite del Senado.
Entre estos cambios, sin duda el más llamativo sería la vuelta del Carlos III a Sanidad, como pide el PP. Su actual ubicación es una de las razones de peso que esgrime el Grupo Popular para justificar sus enmiendas a la totalidad en las secciones de Sanidad y Ciencia. “Es un gran error desde todo punto de vista, no sólo para el instituto, sino también para el SNS”, señala la enmienda del PP.
En el caso de Ciencia, a ello se sumaría un esfuerzo inversor “radicalmente incompatible con los objetivos estratégicos que se han venido persiguiendo de manera continuada desde 1996”. Precisamente por ello, una parte importante de sus enmiendas pretende “recuperar los incentivos fiscales a la inversión en I+D+i para fomentar la innovación”. En concreto, el PP solicita que se derogue el plazo de extinción de la deducción, previsto para 2011.
El PP no está solo en esta guerra. Tampoco CIU, ERC o IU-ICV creen que los presupuestos de Ciencia prioricen la I+D+i. Paliar la crisis y fomentar la innovación en el ámbito privado no tendrá éxito, según algunos de estos grupos, si ello no lleva aparejada una reducción del gasto público. Concretamente, PP, CiU y ERC, piden en sus enmiendas “austeridad” a la Administración, sobre todo en partidas que ya están transferidas.
IU, por su parte, cree que en estos presupuestos hay “más recursos para la empresa privada” mientras que los de los organismos públicos están congelados. Por ello, pide un “aumento sustancial” de los recursos destinados para el Fondo Nacional para el desarrollo de la Investigación Científica y Técnica.
Las enmiendas sanitarias
Menos homogéneas son las enmiendas sanitarias. El PP habla de “homologar la calidad” y solicita, entre otras cosas, un Plan de Garantía del Derecho de Libre Elección; 18 millones de euros más para que el Plan Buco-dental se implante desde los 7 hasta los 16 años e incluya a embarazadas y discapacitados y el mantenimiento de las empresas colaboradoras con la Seguridad Social.
IU pide más dinero para que la Agencia de Calidad pueda intervenir frente a “procesos privatizadores en la sanidad pública”. CiU, por su parte, vuelve a insistir, como ha hecho en los últimos años, en la condonación de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias de titularidad pública o sin ánimo de lucro.
