Las comunidades empiezan a ‘meter mano’ en tratamientos especializados

carlos b. rodríguez

Madrid

Hasta ahora, las medidas de contención del gasto farmacéutico que las administraciones sanitarias han adoptado por su cuenta en el terreno de la prescripción tenían su diana en fármacos de uso muy generalizado. Desde hace meses, sin embargo, estas medidas también afectan a fármacos muy especializados, como los empleados para tratar la patología inflamatoria, con lo que se saltan en la práctica los documentos de consenso y recomendaciones terapéuticas establecidos para su uso. La Sociedad Española de Reumatología (SER) cree necesario denunciar una situación que, a su juicio, favorece la inequidad en el acceso a los tratamientos, que perjudica gravemente a los pacientes.

“No entendemos que se tomen medidas con criterios prácticamente economicistas sin tener en cuenta la situación del paciente y sin tener ningún tipo de evidencia científica”, denunció Eduardo Úcar, presidente de la SER. La sociedad ha plasmado su queja en un manifiesto de siete puntos que hacen énfasis en la necesidad de mantener la diversidad del arsenal terapéutico, dada la necesidad de individualizar al máximo el tratamiento y la escasa diferencia de precio que existe entre estos tratamientos. Aunque los nuevos fármacos para tratar patologías como la espondilitis o la artritis psoriásica son similares, no todos tienen una tasa de respuesta similar. Que uno no funcione no implica, por tanto, que no lo vaya a hacer otro. “Lo cual significa que no podemos quedarnos sólo con uno”, resumió Úcar.

Pero esta veda ya se ha abierto. Andalucía, por ejemplo, ha tomado como equivalentes terapéuticos muchos de los anticuerpos monoclonales que se usan en patologías reumáticas, con lo que en muchos hospitales solamente se pone a disposición el fármaco más barato, sin tener en cuenta unas de las advertencias de la SER: que aunque puede ahorrar en gasto farmacéutico, a largo plazo generaría más gasto.

“Alterar el principio de libertad de prescripción para disminuir el gasto solamente puede demostrar la reducción de ese apartado concreto, no la rebaja del coste total de la asistencia, que incluso podría incrementarse en numerosas ocasiones al prescindir del tratamiento más eficaz según cada caso individualizado”, señala el manifiesto.

Los planes de gestión de estas patologías contemplan no únicamente el gasto farmacéutico sino toda la estrategia de abordaje de los pacientes, pero en ellos no participan los agentes últimos que manejan los recursos. Por ello, la SER reclama la participación de los reumatólogos en los planes de gestión que afectan a su especialidad, sin olvidar la necesidad de usar racionalmente los recursos, pero en beneficio de los pacientes. “¿A alguien se le ha ocurrido limitar el tratamiento en oncología? ¿O en enfermedades infecciosas? Yo aún no lo he visto”, se preguntó Úcar.

Existen más trabas a superar, que se refieren a lo que, según Úcar, podría definirse como doble inequidad. Por un lado, las medidas que toma una administración autonómica la separa del resto en cuanto a lo que oferta a sus ciudadanos. Está el ejemplo de Andalucía, pero también hay retrasos injustificados en la incorporación de fármacos. En algunos casos, según Úcar, la diferencia entre la primera comunidad que los aprueban y la última es de un año.

Pero dentro de una misma región las gerencias de área del hospital empiezan a tomar decisiones particulares que hacen que existan todavía más diferencias. Ocurre en el País Vasco. La denuncia de la SER reclama una política conjunta al Consejo Interterritorial. En la misma línea, la Federación de Asociaciones Científico Médicas resalta la necesidad de respetar la igualdad de acceso a los fármacos incluidos en el nomenclátor oficial.