Del 6 por ciento al 8,51 por ciento. Esta diferencia, la que separa el compromiso de déficit público para 2011 del anterior Gobierno del real que ha destapado el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, supondrá inevitables recortes de gasto a todos los niveles. La ministra de Sanidad, Ana Mato, prefiere llamarlos “ajustes”, aunque sigue sin desvelar cuáles serán los que se deriven de su departamento. Tras presidir su primer Consejo Interterritorial todos los ojos siguen puestos en ella, pues la Sanidad es responsable en buena parte de la mayor parte del desvío, el que toca a las comunidades autónomas.
La Administración Central de Estado incurrió en 2011 en un déficit de 54.739 millones de euros, equivalente al 5,1 por ciento del PIB, una desviación de tres décimas respecto al objetivo inicial. Las administraciones de la Seguridad Social, por su parte, terminaron con un déficit de 995 millones, el 0,09 por ciento del PIB, cinco décimas por encima de lo previsto. Pero aunque el Gobierno no ha querido señalar, son las comunidades las que acumulan el grueso del desvío: 31.541 millones, lo que supone el 2,94 por ciento del PIB y un desfase de 1,6 puntos sobre el déficit inicialmente previsto.
Todas las administraciones, por lo tanto, acabaron en números rojos, aunque algunas sobrepasaron con mucho la línea del déficit. Castilla-La Mancha lidera el desfase entre ingresos y gastos con un desvío del 7,30 por ciento, seguida por Extremadura y Murcia, que registraron un déficit del 4,59 y el 4,33 por ciento, respectivamente.
La culpa fue de Sanidad
En la búsqueda de responsables, algunas comunidades autónomas han puesto el dedo en la llaga de los servicios públicos fundamentales: como máximos exponentes de su gasto, la Educación y la Sanidad tienen la culpa del déficit. Castilla y León cerró 2011 con un desvío del 2,35 por ciento, o lo que es lo mismo, 500 millones de euros. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, tiene muy claro el desvío de ese dinero: la deuda sanitaria y un “problema estructural” de financiación que hacen, a su juicio, muy difícil cumplir los objetivos de no gastar más de lo que se tiene.
No es la única comunidad que achaca sus problemas a la herencia recibida de los gestores anteriores. Algunas, de hecho, resaltan que el cambio de color tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011 permitió que el déficit regional no fuera aún mayor. A ello se refirió, por ejemplo, el consejero de Hacienda y Sector Público de Asturias, Ramón del Riego, que tras su llegada a la consejería descubrió facturas en los cajones por valor de más de 300 millones de euros solo en Sanidad.
La justificación del déficit por la necesidad de mantener los servicios públicos básicos continúa. A ella se ha referido el Gobierno de Murcia, que también reclama una financiación autonómica “equitativa y equilibrada”. O el catalán, que coincide en achacar a la factura sanitaria buena parte de su desviación del año pasado: 582 millones de euros de un total de 822.
Sacralizar el déficit
La justificación de las comunidades autónomas de no sacralizar el déficit y ponerlo por delante del servicio público sanitario es difícil de rebatir, y la ausencia de medidas en el Interterritorial supone una prórroga a la situación actual. Algunas regiones, sin embargo, dan pistas para actuar.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado convencida de que para poder mantener los servicios públicos hay que recortar los gastos que no sean estrictamente necesarios. La ausencia de medidas y la continua bajada de ingresos ya han hecho a la presidenta regional vaticinar nuevos ajustes para el último cuatrimestre del año. El consejero catalán Boi Ruiz tampoco descarta una segunda ronda de recortes este año.
