a.c.
Madrid
La asignación de un Código Nacional de Parafarmacia por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) a un determinado producto implica para el consumidor la seguridad de que, al menos en el momento de la petición de dicho registro por parte de su fabricante, éste se ajusta a la legalidad vigente. Sin embargo, desde este organismo recuerdan la importancia que en este caso tiene dar la puntilla, “debido a que la existencia de un código nacional es sólo un primer filtro seguro, pero no definitivo, porque la publicidad que se haga sobre un producto puede ser cambiante en el tiempo y pasar a ser ilegal lo que antes no lo era”.
No son pocas las ocasiones en las que, una vez pasado este trámite, los fabricantes empiezan a utilizar tácticas de dudosa moralidad. Entre ellas se encontraría la atribución de propiedades no aludidas en dicho momento y, por tanto, no justificadas. O el uso no consentido del prestigio que tienen las instalaciones de carácter sanitario como pueden ser las farmacias. En este sentido, se trata de un error cometido por aquellas compañías que creen que una vez pasada la frontera ya no hay más controles, ya que tanto en el CGCOF como en los COF provinciales existen órganos encargados del control y seguimiento de los productos. ¿El objetivo? Señalar a los que se hayan desviado del camino inicial ante las Comisiones de Parafarmacia.
Funcionamiento
Alfonso del Pozo, responsable de la Comisión de Parafarmacia del COF de Barcelona, resume su funcionamiento: “Nos encargamos del seguimiento de los productos existentes, así como de los mensajes promocionales que el comercializador dirige a los consumidores”. En este caso, las reuniones se producen con periodicidad mensual y en ellas se analizan tanto sus propias observaciones de irregularidades como las provenientes de boticarios a título individual. “Cuando se tiene una duda razonable de posible fraude se emite una denuncia-consulta a la Comisión de Evaluación de Productos Parafarmacéuticos de la Aemps”, afirma.
A pesar de que éste es el proceso más directo no es el único. También existe la posibilidad de realizar esta comunicación a la propia Comisión existente en el CGCOF y que sea ésta la que revise el caso y decida su comunicación a la Aemps. En concreto, durante 2008 recibieron en este organismo 34 denuncias de productos sospechosos por parte de COF povinciales.
Una vez la Aemps emite su parecer se pone en marcha el mismo proceso, pero a la inversa. Su dictamen es comunicado por el CGCOF, mediante circular, tanto a los colegios provinciales como a las farmacias. “Se trata de una información muy agradecida por el profesional para decidir qué debe tener en su farmacia y qué no”, expone Del Pozo.
La existencia de estas comisiones supone una gran ayuda para Sanidad, ya que “si sólo existiese la comisión ministerial estaría sobresaturada y, evidentemente, cuatro ojos ven más que dos”, justifica Carlos Alonso, vocal de Oficina de Farmacia del COF de Alicante. Y es que todas ellas trabajan en coordinación por un mismo fin: sacar del mercado aquellos productos que “no jueguen limpio”.