alberto cornejo Madrid | viernes, 08 de febrero de 2013 h |

Mucho esfuerzo e insistencia, además de la elaboración de algún que otro informe, es lo que está significando para la profesión que las consejerías de Sanidad tomen constancia de la inviabilidad de los actuales sistemas de guardias para las farmacias rurales. Cuando parecía que las administraciones regionales habían abierto la mano para afrontar una flexibilización de estos servicios, un nuevo escollo sale a la palestra: la oposición de los consistorios locales.

Este año ha arrancado con un claro ejemplo en la provincia de Ávila. Desde enero, tras la petición a su colegio farmacéutico y el posterior visto bueno de la consejería, las farmacias de los municipios de Cebreros, Hoyo de Pinares y El Tiemblo, todos ellos en un radio de seis kilómetros, lograron repartirse semanalmente este servicio, frente a la existencia en cada localidad de un servicio de guardias nocturnas todos los días del año. El cambio de modelo propició el siguiente escenario: ahora, solo una farmacia prestaría diariamente este servicio para un radio de seis kilómetros y un ratio de población apenas superior a 9.000 personas (solo El Tiemblo supera los 4.000 habitantes).

No obstante, poco ha durado la alegría para esas farmacias. El mismo mes de enero, los alcaldes de estas localidades solicitaron de forma conjunta a la consejería de Sanidad regional “subsanar cuanto antes la problemática” que había generado esta comarcalización del servicio y volver al statu quo: un servicio de guardia durante todo el día en cada municipio.

¿Los argumentos? “Está suponiendo un gran perjuicio para los ciudadanos y no se garantiza la atención farmacéutica”, indicaron. ¿El resultado? Desde este mes de febrero se ha restablecido el servicio diario de guardia en Cebreros. En este sentido, María Dolores Rodríguez, presidenta del COF de Ávila, indicó a EG que desde su institución se ha actuado “como se debía”, solicitando una reducción de las guardias rurales para toda la provincia, y que en este caso, “finalmente se ha impuesto un acuerdo particular entre el consistorio y su farmacia”.

En opinión de Javier Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), “los ayuntamientos solo entienden que tenían un servicio que da valor al municipio, que no les cuesta dinero y que no quieren perder, pero no atienden al coste económico, laboral y familiar que supone para el profesional que lo presta”. Para él, “la solución pasaría por el liderazgo de las consejerías mediante una correcta ordenación de las guardias, optimizando el servicio, disminuyendo al mínimo el esfuerzo individual de cada compañero rural y buscando compensaciones, ya sean económicas o en especie”.

En otros casos, la presión de los ayuntamientos también ha parado la reducción de estos servicios, tal como lo planteaba la profesión, obligando a una solución “intermedia” que no supone un alivio para el farmacéutico rural. Es la situación que acontece en varios pueblos de Palencia, donde sus farmacias tienen que seguir prestando diariamente este servicio, aunque solo están obligadas a dispensar recetas urgentes prescritas por el centro de salud en turno de Urgencias y con la llamada previa del facultativo confirmando la urgencia.

La excesiva carga de guardias que tienen que afrontar cada año muchas farmacias rurales incluso tiene repercusión en el mercado de compra y venta de estos establecimientos. Y es que, ya es habitual encontrar anuncios de traspasos de boticas rurales en los que su titular menciona como reclamo la escasa cifra de guardias anuales que tiene asignada el establecimiento.

Agustín López-Santiago, director del Gabinete López-Santiago, especializado en traspasos de farmacias, confirma a EG que “aquellas boticas con riguroso turno de guardias resultan difíciles de traspasar”. Aunque el mercado sí digiere bien aquellas farmacias rurales próximas a entornos urbanos y rendimiento satisfactorio, independientemente de la cifra anual de guardias a realizar, López-Santiago reconoce el daño que también ha acarreado la explosión de la burbuja económica a los traspasos de estos establecimientos.

Las estadísticas que maneja este gabinete indican que en la “época de la burbuja” el plazo para concretar el traspaso de una farmacia rural se situaba sobre los 25 días, mientras que, como indica su director, “ahora necesitamos una media de 68 días”.