La Administración financia la I+D, pero dificulta la comercialización del producto
Jordi Martí, CEO de Amgen, pide políticas que defiendan realmente la I+D
R. C.
Madrid
Existen múltiples sistemas de financiación para emprender un proyecto biotecnológico en nuestro país, al menos para llevar a cabo la inversión inicial. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa innovadora ya tiene el producto desarrollado? Que se encuentra con otra realidad bien distinta ya que, en muchas ocasiones, no puede venderlo.
Jordi Martí, presidente y consejero delegado de Amgen, tiene claro que el problema del sector de la biotecnología se encuentra precisamente aquí, en “el acceso de la innovación al mercado”. Así lo manifestó durante el acto de presentación del libro La actividad emprendedora de la Biotech-Salud Humana en España, celebrado el pasado 14 de septiembre, en el que Martí se quejó de que, mientras la inversión inicial está muy bien valorada, cuando esta consigue por fin llegar al final y “aportar soluciones a la terapéutica diaria, entonces supone un problema”.
Según Martí, en la Administración Pública se les ve como un gasto y no como una inversión, algo contradictorio si se tiene en cuenta que es la propia Administración la que invierte en un principio. A esta queja también se sumó Carlos Buesa, director general de Oryzon Genomics, que habló de la “paradoja” de hacer una inversión con recursos públicos en un sector que genera unos productos a los que después no se les puede dar salida. Según Buesa, las empresas de biotecnología sufren “una especie de transfiguración” y, de ser empresas “simpáticas” a las que se les apoya y subvenciona para que sigan con su labor de investigación, en el momento en que empiezan a tener sus propios productos, pasan a ser un problema. Para Martí, la solución es “coraje político”, ya que si es cierto que en España se defiende la innovación, entonces se deberían hacer políticas que realmente la defiendan.
La otra cara de la moneda son las entidades financieras, encargadas de valorar los proyectos y conceder los créditos necesarios. Según Eva Piera, viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, las entidades financieras tienen “grandes carencias a la hora de evaluar los proyectos empresariales del sector de la biotecnología”, ya que no entienden los característicos ciclos largos de maduración. Igualmente, Piera aseguró también que muchos de los fracasos de biotech españolas han sido provocados por unos recursos financieros que no estaban realmente adecuados a la estructura del plan de negocio que la compañía necesitaba para impulsar o desarrollar su producto.
Alternativas
Desde la Consejería de Sanidad del País Vasco se ha puesto en marcha un instrumento para valorar esos nuevos productos procedentes de la I+D biotech. Según Olga Rivera, viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria de este departamento, ellos tienen que velar por los consumidores y valorar previamente el coste-efectividad de lo que van a comprar. Según Rivera, “ya hay dos proyectos en marcha y dos en vías de análisis” para acceder a esta nueva herramienta valorativa, los test de demostración de la bondad del producto, que se pueden financiar presupuestándolos como una actividad más de I+D del departamento, sujeta a las mismas ayudas.
Además, si la empresa no tiene capacidad para financiar el resto, existen todavía dos posibilidades: la venta posterior a un precio menor al del mercado o la inversión del propio Gobierno, con la correspondiente participación en la licencia de patente.
