carlos b. rodríguez
Madrid
El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, avanzó en el 16º Congreso Nacional de Hospitales (ver EG núm. 432) su fórmula para mejorar la coordinación del SNS: crear un órgano de toma de decisión sanitaria compartida y vinculante. Ha vuelto a repetir la idea ante la Subcomisión del Congreso que estudia el Pacto por la Sanidad, matizando que no reclama “una recentralización de las competencias sanitarias, sino una coordinación más efectiva” en asuntos que pueden potenciar la cohesión y la equidad del SNS.
En su intervención ante la Cámara, Lamata explicó que los acuerdos del Consejo Interterritorial tienen una eficacia limitada, ya que las decisiones que afectan a competencias transferidas no son vinculantes para las regiones.
Para el consejero manchego, este nuevo órgano de cooperación —que puede ser el propio Consejo Interterritorial con las reformas reglamentarias pertinentes—, debería tener un funcionamiento similar al de la Unión Europea, donde los Estados delegan en los órganos comunitarios algunas competencias propias y, por lo tanto, aceptan que las decisiones sean de obligado cumplimiento.
Entre los asuntos que quedarían bajo el ámbito de competencia de este órgano de nueva creación estarían cuestiones de salud pública (como calendario de vacunaciones o planes pandémicos), otras relativas a las profesiones sanitarias, la introducción de nuevas prestaciones o tecnologías, sistemas de información, acreditación y evaluación comunes o la aprobación de nuevos medicamentos para la cartera del SNS, con la autorización previa de las comunidades autónomas.
Un gran activo
Ante los diputados, Lamata defendió la buena salud del SNS español, “un gran activo” porque cumple de manera eficaz y eficiente su cometido, además de contribuir a la cohesión social debido a su financiación pública y cobertura universal, y es motor de crecimiento económico y generador de empleo estable y de calidad.
El consejero de Sanidad no pasó por alto los problemas financieros que actualmente padece el sistema, ya que el actual modelo financiero no es suficiente para pagar la cobertura y la cartera de servicios aprobadas por el Parlamento español. Lamata calcula que el desfase es de un punto del Producto Interior Bruto, en torno a 11.000 millones de euros.
Sin embargo, recalcó que la economía española, una vez superada la crisis económica, tiene margen para dotar a la sanidad pública de la financiación suficiente.
Respecto al Pacto de Estado, Lamata defendió la necesidad de alcanzar este acuerdo porque contribuirá a la estabilidad y calidad del sistema sanitario español y facilitará que la sanidad salga de los debates partidarios, como ocurrió con el sistema de pensiones, tras el Pacto de Toledo. En ese sentido, aseguró que no basta un acuerdo de partidos o grupos parlamentario sino que hay que extender el Pacto de Estado en la Sanidad a la ciudadanía, como responsable de su propia salud y del uso responsable de los recursos, y a los profesionales. A su juicio, se debe aprovechar este debate para dar el definitivo paso a la “universalización real” de la sanidad y a la tarjeta sanitaria única.
Una cartera mínima
En las dos primeras jornadas de comparecencias ante la subcomisión del Pacto, parece claro que los expertos comparten la idea de que los problemas del SNS no son sólo financieros. Miquel Vilardell, catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que, dado que los recursos siempre serán limitados, el sistema necesita que la eficiencia sea óptima.
Para ello, aseguró que es necesario, entre otras cosas, que haya una rendición de todas las cuentas públicas, así como una Agencia de evaluación de tecnologías y de moléculas nuevas que se introduzcan en la cartera de servicios.
