| viernes, 23 de noviembre de 2012 h |

La puesta en marcha de la polémica ley de reforma sanitaria en Estados Unidos, conocida como Obamacare, ha sido una autentica carrera de obstáculos legislativos, judiciales y electorales. El Congreso aprobó la ley en 2010 por el más escaso de los márgenes. Este pasado verano la reforma sobrevivió a un desafío constitucional en el Tribunal Supremo por un solo voto: cinco jueces a favor y cuatro en contra. La última prueba a superar ha sido la de las urnas. El republicano Mitt Romney, el adversario de Barack Obama en las recién celebradas elecciones presidenciales en Estados Unidos, había prometido derogar la ley como primera prioridad de haber llegado a la Casa Blanca. Con la victoria de Obama, importantes regulaciones de la ley entrarán en vigor en los próximos meses y años.

De este modo, a partir del 1 de enero de 2014, las empresas aseguradoras no podrán rechazar dar cobertura a los individuos con condiciones médicas preexistentes ni cobrar primas significativamente más altas que a otros asegurados más sanos.

El mandato de la reforma

Además, en esa fecha se pondrá en marcha el llamado “mandato individual”. Esta fue la gran motivación del recurso al Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad del Obamacare que dio lugar a la controvertida sentencia de junio de este año. El mandato obliga a todos los ciudadanos a suscribir un seguro médico si no tienen cobertura por los programas públicos o a través del trabajo. El incumplimiento será penado con una multa equivalente al 2,5 por ciento de los ingresos anuales del infractor.

Además, a partir del año 2014 cualquier empresa con más de 50 empleados tendrá que ofrecer de manera obligatoria un seguro médico a sus empleados fijos que trabajen a tiempo completo. El incumplimiento será penado con una multa de 2.000 dólares por empleado.

Adicionalmente, el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (el Ministerio de Sanidad estadounidense) ha definido las prestaciones obligatorias en el seguro médico básico. La polémica se ha servido con la inclusión de anticonceptivos, esterilización y la llamada “píldora del día después”, cuyo mecanismo de acción puede impedir la implantación de un óvulo fecundado y, por tanto, ser abortivo. En este sentido, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos está liderando la oposición a esta provisión argumentando que la obligación de incluir estos productos en el seguro médico es una “violación de la libertad de religión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución”.

La postura de la Administración ha sido negar la objeción de conciencia, tanto a organizaciones con explícita afiliación religiosa (como puede ser un hospital católico) como a empresas de carácter plenamente comercial. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre este asunto cuando revise el caso en 2013.

Por otro lado, cada uno de los 50 estados tendrá que poner en marcha a partir de ahora una plataforma o central de compras de seguro médico privado, creando un mercado donde individuos y empresas pequeñas (de menos de 50 empleados) podrán comparar pólizas y primas antes de comprar. El Gobierno definirá las prestaciones básicas que cada póliza tendrá que ofrecer. Habrá subvenciones para la compra del seguro para individuos cuyos ingresos son iguales o inferiores al 400 por ciento del nivel oficial de pobreza.

Asimismo, hay una serie de nuevos impuestos previstos en la ley que servirán como el principal mecanismo de financiación del Obamacare. A partir de 2013, el porcentaje del impuesto individual de Medicare, el programa público de cobertura sanitaria para jubilados, de la nómina subirá del 1,45 al 2,35 por ciento para familias con ingresos superiores a los 250.000 dólares o individuos con ingresos superiores a los 200.000. También en 2013 se aplicará un nuevo impuesto del 2,3 por ciento a los fabricantes de aparatos médicos, que generará previsiblemente unos 20.000 millones de dólares de ingresos para el Ejecutivo.

Oposición republicana

El éxito electoral de Obama le da nueva fuerza ante un Congreso dividido, con la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y el Senado con mayoría demócrata. De todas formas, la entrada en vigor de las medidas restantes no será un camino fácil. Más del 50 por ciento de la población se sigue manifestando contraria a la ley a pesar del reciente triunfo electoral de Obama.

El Partido Republicano ha prometido resistencia a la puesta en marcha de varias de sus provisiones. Por ejemplo, la relativa a la creación de la central de compras del seguro médico en los 50 estados necesita la colaboración explícita de los gobiernos estatales. Las legislaturas de 26 de ellos están controladas por los republicanos, y autoridades en muchos de estos estados ya han indicado que la Administración de Obama no debería contar con su cooperación. La oposición es legítima, pues el Tribunal Supremo ya afirmó en junio que la colaboración de los estados no es obligatoria.

Otra de las provisiones más impopulares de la reforma sanitaria es la creación del Independent Payment Advisory Board, un consejo independiente de asesores responsable de controlar los gastos del programa de Medicare. Los jubilados temen una drástica reducción de sus beneficios por un organismo que no estará sometido al control del electorado. La derogación de este consejo tiene el apoyo de representantes de los dos partidos y su eliminación podría debilitar la capacidad del Obamacare de contener el gasto sanitario financiado por el Gobierno central.

Además de obstaculizar la puesta en marcha de la reforma sanitaria, los republicanos intentarán convencer al pueblo americano de sus planteamientos alternativos para la reforma, que incluyen una liberalización del mercado de seguros y una privatización parcial del Medicare.

La entrada en vigor de la reforma no será fácil. Más de la mitad de la población sigue en contra del Obamacare

A partir de 2014 las aseguradoras no podrán rechazar dar cobertura a individuos con patologías preexistentes