José María López Alemany
España es uno de los países de la OCDE que, porcentualmente sobre el PIB, menos recursos económicos dedica a la sanidad. En función de las diferentes estadísticas estamos entre uno y dos puntos por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Por el contrario, somos uno de los países con más gasto en medicamentos por persona, especialmente por el alto número de recetas y uno de los que antes generaliza las innovaciones. Estos dos factores hacen que en España el porcentaje de gasto farmacéutico sobre el sanitario sea más alto que en otros países y esté rondando ya el 30 por ciento. Y aun así, o tal vez por ello, nuestro sistema es uno de los más eficientes y valorados del mundo.
Por ese motivo, me pregunto: ¿qué ocurriría si en nuestra sanidad perdiera la importancia que ahora tiene el medicamento? Si en vez de utilizar adecuadamente las innovaciones farmacológicas, se restringen por motivos exclusivamente económicos, tal vez se dispare la utilización de otros recursos sanitarios y, por tanto, el gasto total.
De este modo, es preocupante que, más allá de las medidas dirigidas a reducir los precios de los medicamentos, las autoridades sanitarias se centren en las recomendaciones o, en algunos casos, imposiciones de utilizar un determinado medicamento en detrimento de otro sin mediar, ni siquiera, una evaluación farmacoeconómica, y no en eliminar las ineficiencias a causa del consumo farmacológico no justificado.
El caso de los medicamentos intercambiables de Extremadura es un ejemplo claro. Y así, la salud de todos, incluso la salud financiera del sistema, puede verse comprometida. Mal camino.
