| viernes, 14 de octubre de 2011 h |

José María López Alemany

La crisis económica y, especialmente, la grave situación en la que se encuentran las arcas públicas han acelerado y, van a hacerlo aún más, la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control de la prescripción farmacéutica. El Real Decreto-ley 9/2011 puso las bases para la creación de un comité de evaluación económica que decidiera sobre la inclusión o no de una determinada tecnología en la prestación pública. Además, criterios de coste-efectividad, reducción de costes e impacto presupuestario serán tenidos en cuenta a la hora de fijar el precio de un medicamento.

Estas cuestiones, que pese a quien pese, son lógicas y esenciales, para dotar de calidad y sostenibilidad al sistema no se habían puesto en marcha hasta el momento por diferentes motivos. Pero el fin de esa ‘barra libre’ ha acabado y ya hay autonomías como la comunidad valenciana que obligará a los médicos a elaborar informes clínicos para justificar la prescripción de medicamentos que, según sus técnicos, no sean ‘coste-efectivos’.

No es un impedimento efectivo sino una traba que hará reducir al mínimo la utilización de esos medicamentos mal valorados. La cuestión más importante es confirmar que la metodología utilizada revisa efectivamente la relación entre el coste y la efectividad y no solo la primera variable y, especialmente, como ya he comentado anteriormente, que los procedimientos sean objetivos y transparentes.

La situación económica puede dar lugar a la tentación de que algún responsable sanitario corte por donde no debe y se termine deteriorando el sistema y afectando a los pacientes. Una línea roja que nunca se debería traspasar.