| viernes, 16 de septiembre de 2011 h |

José María López Alemany

Nunca dejará de sorprenderme algunas decisiones que se toman con dinero público. Ya estábamos acostumbrados a la realidad de los cajones estancos dentro de la sanidad, que impiden tener en cuenta los ahorros que un medicamento aporta, por ejemplo, en estancias hospitalarias, como para que nos asombre que una rama de la administración no apoye lo que otra ha hecho.

Para no ser críptico, me explicaré. Es habitual que la administración dedique grandes cantidades de dinero al fomento de la investigación, por ejemplo de nuevos medicamentos. Subvenciones, créditos blandos, etc. son frecuentes a todos los niveles: Europeo, nacional, autonómico y casi local. Pues bien, me parece incongruente, como bien señalaron la semana pasada tanto Jordi Martí, director general de Amgen, como Carlos Buesa, director general de Oryzon que tras esa fuerte inversión por parte de las direcciones generales, ministerios o consejerías de industria, ciencia, innovación, incluso sanidad, sea la propia administración la que luego ponga trabas a la comercialización de los productos. Martí lo explicó perfectamente al decir que el peor problema de la investigación biotecnología no está en la financiación sino en las limitaciones de acceso que tienen posteriormente sus productos. Que le impiden recuperar la inversión realizada así como obtener nuevos fondos para iniciar nuevos proyectos de investigación.

Esta es otra más de las incongruencias de la administración. Si apoya una investigación es porque su objetivo es interesante. Y si luego el sector público no lo compra es como si se hubiera tirado el dinero público invertido. ¿O no?