José María López Alemany
Cuando quien tienes enfrente utiliza artimañas para obligarte a cambiar tu posición, la única solución es que tú hagas lo propio. El SAS ha comunicado a los farmacéuticos andaluces que a partir del 1 de junio no pagará las recetas que, siendo prescritas por principio activo (PPA), su dispensación no se ajuste a lo establecido estrictamente en la Ley de Garantías. Es decir, la dispensación del medicamento registrado a precio menor.
Al SAS le da igual que ese medicamento no esté siquiera comercializado o que el laboratorio que lo hace no tenga capacidad suficiente de abastecimiento. No lo pagará. En este escenario, en el que el SAS anula un acuerdo que posibilitaba la viabilidad y el día a día de la PPA con el único objetivo de poner contra las cuerdas a las farmacias y obligarlas a firmar la sentencia de muerte del sistema, a la farmacia no le queda más remedio que devolver la pelota y hacer su guerra de guerrillas. Cumpliendo escrupulosamente la ley, eso sí.
Por ejemplo, deberían enviar de vuelta a los pacientes a sus médicos siempre que no dispongan del medicamento que, según la ley, deban dispensar. Igualmente, las farmacias deberían dejar de dispensar los productos que, aunque sean más baratos que los medicamentos sin receta, requieran prescripción. Situación muy común con muchos analgésicos y otros medicamentos de uso común.
Cuando las consultas se llenen de pacientes enfadados reclamando un cambio en la prescripción y, encima la nueva sea más cara, el SAS reconsiderará su decisión y empezará a tratar a los farmacéuticos como una parte del sistema y no como un proveedor prescindible.
