| viernes, 05 de noviembre de 2010 h |

José María López Alemany

El último capítulo autonómico en la regulación de la prestación farmacéutica ha sobrepasado todas las líneas rojas marcadas durante tanto tiempo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Tanto que ya llegamos al esperpento. La intención de Andalucía de sacar a subasta el suministro de medicamentos en las oficinas de farmacia supone en la práctica la fijación de un precio andaluz para los productos afectados.

Desde mi escaso conocimiento jurídico vislumbro claramente numerosas normas legales que la intención andaluza violaría. La primera de ellas, la potestad exclusiva del Ministerio de Sanidad para la fijación de precios. Por otro lado, tendríamos la eliminación del nomenclátor como listado oficial a efectos de facturación de medicamentos. Por último, se obligaría a las compañías adjudicatarias a saltarse la Ley de Garantías en caso de ofrecer en la subasta descuentos superiores al 10 por ciento para los genéricos, marcado a partir del RDL 4/2010.

No hay por dónde cogerlo, pero aun así podría ser una realidad. Por ello, lo que es imprescindible a día de hoy es evitar que lo ilegal se convierta en real mediante una política de hechos consumados. ¿Qué ocurriría si el Cacof acepta la propuesta del SAS? ¿Cuántos años pasarían hasta que un tribunal echara por tierra?

La cuestión es muy seria y, aunque pueda tener consecuencias que parecen cómicas, como el que llegue a haber comercio paralelo intranacional, lo que está claro es que el modelo de farmacia, e incluso el sistema sanitario español se pone en riesgo. Por ello, todo el sector y el ministerio deben actuar. Y ya, porque mañana puede ser tarde.