José María López Alemany
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha perdido los papeles. No sé si será la tensión por ver cómo se está acabando el poder autonómico en el PSOE o simplemente que, precisamente por verlo todo perdido, se han echado al monte y quieren morir matando (a la farmacia). En su último comunicado público en relación al tema de las subastas, la Consejería de Salud andaluza anima a los pacientes a denunciar a las farmacias que aleguen desabastecimiento ante una prescripción. Igualmente, la consejería destaca que tomará las “medidas pertinentes” en caso de que se envíe a los pacientes de vuelta al médico para que le cambie su prescripción. La solución que da el SAS a los pacientes es que regresen a la farmacia unas horas más tarde, ya que gracias al excelente sistema de distribución habrá sido posible conseguir el medicamento prescrito.
Nada de esto hubiera ocurrido si la consejería comandada por María Jesús Montero no hubiera amenazado a los farmacéuticos con retrasar pagos y romper el acuerdo de dispensación en caso de PPA creando una situación de imposibilidad real.
La realidad es que la consejería, en vez de comportarse como una institución administrativa, está echando gasolina a un fuego que ella misma ha encendido. Está incitando al enfrentamiento entre los pacientes y los farmacéuticos contando medias verdades para hacer creer a los pacientes que si el farmacéutico no le dispensa un medicamento es porque no quiere. Y además, les anima a denunciarles a través de la web de la consejería.
Y todo ello a pesar del genuflexo comportamiento del Cacof y sus principales líderes en este asunto.
