José María López Alemany
Algo muy grave está pasando cuando es unánime la opinión experta sobre la ilegalidad de una medida y, aun así las administraciones públicas se atreven a ponerlas en marcha, o al menos intentarlo. No me creo que la propuesta del SAS de modificación del concierto de farmacia tenga el aval de los servicios jurídicos de la Consejería de Salud o del propio SAS. Aquí no hay ningún problema de interpretación, más bien de intención abierta de hacer lo que se quiere sin importar a qué o a quien se arrolla.
Los fines no justifican los medios. Y por muy mal que estén las arcas públicas no es de recibo pisotear la Constitución y unas cuantas leyes más para lograr reducir el gasto. La situación es, por tanto, muy grave y las diversas e imaginativas, no cabe duda, iniciativas de las autonomías que estamos viendo en los últimos meses no son solo la búsqueda desesperada de ahorrar unos cuantos millones de euros. No, la realidad es aún más grave.
Las autonomías se han creído que pueden hacer todo aquello que consideren oportuno si va en favor de sus intereses. Tal vez, se perdió la oportunidad de frenar aquellas pequeñas salidas de tono de hace algunos años en las que se veía con ‘gracia’ las ocurrencias de tal o cual autonomías. Eso sí, casi siempre, Andalucía.
En los últimos meses hemos asistido, además, a iniciativas que no han tenido, por lo que se ve, suficiente contestación política, institucional y sectorial. Lo que empezó en Castilla-La Mancha quitando de los ordenadores determinados principios activos dio paso a la iniciativa vasca, cántabra, gallega y, ahora, por fin, la andaluza. Cada cual más grave que la anterior. ¿Por qué?