José María López Alemany
Entre las compañías de productos sanitarios y las farmacéuticas la deuda acumulada de las comunidades autónomas asciende a más de 6.500 millones de euros. Prácticamente el 10 por ciento del presupuesto sanitario total anual. A esta deuda histórica se le debe sumar la que cada mes empieza a ser una realidad en las oficinas de farmacia, que hasta el momento se habían salvado de los juegos de tesorería de las administraciones públicas. Pero ya no.
Esta realidad hace que, al menos en el ámbito hospitalario, sean los proveedores quienes soporten el peso de la financiación de casi 300 días de demora del pago. Un tiempo y una cuantía que, fácilmente supone más de 250 millones de euros al año en concepto de pago de intereses a los proveedores y que vienen a detraerse de los presupuestos ordinarios de la sanidad. O lo que es lo mismo, si las comunidades autónomas pagaran en los plazos marcados por la ley, el gasto sanitario bajaría en esa cantidad y, además, los proveedores tendrían una mejor salud financiera y se podrían conseguir ahorros adicionales en las ofertas a realizar ante la perspectiva de un pronto pago.
Por tanto, acometer las reformas presupuestarias necesarias para acabar con el déficit crónico de la sanidad debería ser uno de los objetivos de la Administración, cuando la economía lo permita. No es justo ni entendible que, como dice el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, te bajen los precios y, a consecuencia de ello, tengas que vender a pérdidas y no te paguen. Y, encima, que no te puedas negar.
