José María López Alemany
El borrador de decreto andaluz por el que se desarrolla el sistema de subastas de medicamentos en el ámbito de la atención primaria supone un torpedo en la línea de flotación de la prestación farmacéutica y la sostenibilidad de cada uno de los agentes del sector. No solamente por el tema de las subastas sino por las medidas adicionales sobre la dispensación de productos sanitarios y dietoterápicos que incluye.
El decreto viene a utilizar un procedimiento que evita muchos de los grandes perjuicios adicionales e ilegalidades que llevamos denunciando desde hace tiempo. Por ejemplo, evita el ridículo espantoso que se produciría con el comercio paralelo entre comunidades autónomas, ya que finalmente no se reduce el precio de los medicamentos sino que se actúa sobre el coste de adquisición de los mismos al establecer devoluciones por parte del adjudicatario. Por cierto, esta rebaja del coste de adquisición, sin trasladar la reducción a los pacientes podría considerarse un incremento del copago, ya que la participación del paciente se incrementará más allá del 40 por ciento del coste.
Pero la norma no ha sido criticada por todos. Los farmacéuticos rurales ven en este decreto una posible tabla de salvación a su delicada situación económica. Y lo han aplaudido. No obstante, creo que aunque la intención pudiera tener un objetivo bien intencionado, el resultado puede ser desastroso para la profesión. Es un caramelo envenenado que puede significar el inicio del fin del modelo.
Con medidas así, que más que redistribuir los recursos de la propia farmacia suponen una subvención, se abre la puerta a una funcionarización efectiva de la profesión.
