| viernes, 01 de abril de 2011 h |

José María López Alemany

Dice la consejera de Sanidad andaluza, María José Montero, que no se puede llamar subastas a su proyecto de licitación de medicamentos en Andalucía. Asegura que alguna prensa especializada farmacéutica acuñó el término (supongo que se referirá a EG, que fue el medio que destapó el asunto la primera semana de noviembre).

No sé cómo querrá Montero que se denomine al “procedimiento de licitación pública, de entre los ofertados por los distintos proveedores” que determinará quien se quedaría en exclusiva con el mercado, tal y como se recogía en la modificación del concierto de farmacia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) planteó a los farmacéuticos andaluces. Licitar es, según la RAE, “ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda”. Más claro, agua.

El problema que tiene la consejera no es de denominación. La cuestión es que, a través de la subasta no solamente abarata los costes de adquisición de los medicamentos sino que modifica su precio, al afectar a los márgenes de los agentes del sector. Algo que es competencia exclusiva del Gobierno central. Pero es que, además, está pactando con un único agente, una cuestión que repercutiría sobre el resto de agentes del sector e incluso en todo el mercado farmacéutico nacional.

Las comunidades autónomas, faltaría más, tienen todo el derecho y la obligación de gestionar la sanidad con criterios de eficiencia. Pero ni ese derecho ni esa obligación suponen carta blanca para retorcer la ley ni para someter a una presión insoportable a los agentes del sector para que terminen aceptando cualquier acuerdo, por injusto e ilegal que a muchos pueda parecer.