Sergio Alonso
Redactor jefe de ‘La Razón’
| viernes, 10 de enero de 2014 h |

Casi más importante que lo que establezca el código deontológico es el debate en torno a él en el seno de la industria farmacéutica. Aunque parecía que se imponía la línea dura, que abogaba por incluir en una web pública los nombres y apellidos de los médicos vinculados de alguna forma con los laboratorios, y por limitar los almuerzos con ellos a cantidades inferiores a 50 euros, las exigencias van a terminar en una versión light, no se sabe si por imposición de algunas big pharma, por motivos de operatividad, por temor a Hacienda o por sentido común. Tras largos debates, llamadas telefónicas y muchas cavilaciones, una mayoría de los directivos concluyó que puede haber médicos que se nieguen a aportar sus datos a las compañías y que hacer públicos los nombres de los que acepten consignarlos puede ser una invitación para que Cristóbal Montoro y sus inspectores de la Agencia Tributaria se den un festín con un sector al que hasta ahora habían dejado más o menos en paz. Fruto de estas y otras reflexiones es la nueva postura mayoritaria ahora, partidaria de publicar información, sí, pero agregada, sin identificar a los perceptores de ayudas de forma individual y de hacer más laxo el asunto de las comidas de trabajo. De momento, la visita médica salva su primer match ball y parece que la medida que trataba por igual a empresas grandes y pequeñas, españolas y extranjeras, se esfuma en el aire.

Qué duda cabe de que el temor a dicha escabechina por parte de Hacienda y a una fuga en estampida de los médicos ha tenido su peso en este viraje. Según algunas interpretaciones, el riesgo fiscal es latente al haberse producido muchas ayudas a facultativos que podrían entenderse como “pago en especie” y que no se han declarado. Si aplicara mano dura, el Fisco podría llegar a exigir hasta un 250 por ciento de esas contribuciones en los últimos cinco años. El riesgo evidente a ser penalizados por convertir en transparente una práctica histórica y las incongruencias de un país que termina siempre castigando al que va de frente han hecho mella en muchos directivos, defensores ahora de levantar el pie del acelerador.

No obstante, y a pesar de primar en estos momentos la posición de edulcorar el texto y de no ser más papistas que el Papa, hay compañías que siguen defendiendo a capa y espada que el código no sea finalmente papel mojado. Frente a los que postulan manga ancha en los vínculos con los profesionales, esas compañías entienden que el código debe reseñar, al menos, los mismos límites que imponen las matrices a sus filiales en España. Límites que, por cierto, se aplican. El debate, en fin, prosigue, y será uno de los asuntos estrella del nuevo año.

¿Qué compañías se negarían a proporcionar a Farmaindustria información sobre las ayudas promocionales que han realizado?

¿Qué compañía española está vendiendo poco a poco sus áreas de negocio? ¿Es viable dicha compañía? ¿Estamos a las puertas del cierre de una histórica?

¿Qué compañía está retrasando pagos hasta a las imprentas porque no tiene cash?

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