c. r.
Vitoria
El impacto neto que la introducción del antipsicótico Invega (paliperidona DCI) tendrá en el presupuesto de la Dirección General de Farmacia del País Vasco será de 395.370 euros en 2009, y aumentará hasta 454.050 euros en 2013. En ese periodo de tiempo el gasto directo en forma de recetas de este medicamento subirá desde los 404.090 euros iniciales hasta los 589.010. Esta información aparece recogida en la primera ficha de análisis de impacto presupuestario elaborada por el área de Farmacoeconomía y evaluación económica de medicamentos creada en la Dirección de Farmacia del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.
Su creación es la última iniciativa adoptada por el Gobierno vasco en el campo de la contención del gasto farmacéutico, en un entorno de recursos limitados y búsqueda de eficiencia. El objetivo de las fichas de análisis de impacto presupuestario es ofrecer a los profesionales sanitarios del Departamento de Sanidad y Osakidetza una información resumida de la repercusión sanitaria que puede tener la entrada en el mercado de un nuevo medicamento o alternativa terapéutica. Tanto el informe completo como el modelo informático de cada análisis de impacto presupuestario se encuentran a disposición de los profesionales sanitarios previa solicitud. Otras de las funciones de esta área serán la realización y el análisis crítico de los estudios de evaluación económica.
Tarea pendiente
La iniciativa se enmarca en la estrategia adoptada en varias comunidades que han creado ya unidades de evaluación para incorporar el componente económico cada vez más en la evaluación de fármacos. Su éxito, según asegura el trabajo, “La evaluación económica en la toma de decisiones sanitarias”, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, depende de las sinergias que establezcan. Su autor, el economista Juan Oliva, asegura que “la falta de coordinación en este ámbito derivará en un despilfarro de recursos difícilmente explicable a los profesionales”.
Más allá, este estudio resalta que, frente a este modelo de evaluación económica, y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones, el marco regulatorio y los decisores no han favorecido el desarrollo de la evaluación económica aplicada a las decisiones sobre fijación de precios.
