Las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en relación a la necesidad de acometer reformas en Sanidad y Educación han situado al Departamento de Ana Mato en el ojo del huracán. El revuelo organizado ha obligado al secretario ejecutivo de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, a pedir tranquilidad y asegurar que no habrá recortes, sino ajustes. Con la vista puesta en el Consejo Interterritorial que Sanidad podría convocar a finales de este mes, la postura del PP se aleja en principio del copago sanitario y defiende un pago progresivo de las prestaciones en función de la renta.
Así lo ha asegurado, en declaraciones a la Cadena Ser, el ministro de Economía. El Gobierno, ha explicado De Guindos, tiene que valorar si se deben mantener todas las prestaciones sanitarias (hasta ahora el PP sólo había hablado de progresividad en el pago de los medicamentos) de forma gratuita a alguien “cuya renta supere los 100.000 euros”. En todo caso, la reforma sanitaria debe consensuarse con las comunidades autónomas, en el marco del Pacto de Estado para el cual todas ya han presentado sus recetas de sostenibilidad.
Las reformas a nivel central no será las únicas este año. Al reto autonómico de bajar su déficit de 2012 al 1,5 por ciento hay que unir las reducciones a las que obliga el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ya ha advertido en una entrevista que publica La Vanguardia que las cuentas generales pueden suponer para Cataluña 1.800 millones de euros menos de ingresos, por lo que la sanidad catalana deberá acometer nuevos recortes.
