“La mayor reforma del Sistema Nacional de Salud en 25 años”. Así calificó el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, la batería de medidas aprobadas en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial (CISNS) que, bajo la apariencia de un pleno ordinario, tenía como misión definir las medidas para ahorrar 7.000 millones de euros en Sanidad. Lo cierto es que, empezando por la revisión del copago farmacéutico y terminando por la evaluación económica, el calado de las medidas puede merecer el calificativo. A pesar de ello, no deja de ser menos cierto que la consecución de los 7.000 millones de euros de ahorro está sujeta a demasiados condicionales.
A falta de conocer la letra pequeña de los acuerdos, aprobados el viernes pasado por el Consejo de Ministros, la ‘reforma Mato’ puede presumir de haber buscado, y encontrado, nichos de ahorro que superan las estrategias cortoplacistas basadas en las continuas reducciones de precios, que también las habrá. En el plan hay medidas enfocadas a acabar con el turismo sanitario; establecer una cartera básica común; medidas de eficiencia en el gasto y en la gestión; y también de corresponsabilidad. Por primera vez, la revisión del copago farmacéutico ha puesto el acento en la creciente demanda de medicamentos, y no solamente en la oferta.
Asistencia gratuita
La ministra de Sanidad, Ana Mato, comenzó su comparecencia tras la celebración del CISNS con una afirmación: “La asistencia seguirá siendo gratuita para todos los españoles”. Eso sí, para garantizar esta promesa ha tenido su precio en una modificación sustancial del sistema de aportación de los usuarios en farmacia.
Así, a efectos de disuasión y aportación mínima, los ciudadanos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán de pagar el 40 por ciento de los fármacos al 60 por ciento. El resto de activos pagará el 50 por ciento, con tres excepciones: la aportación en los medicamentos con cícero permanecerán igual, quedarán exentos los parados de larga duración que no dispongan de una prestación por desempleo y mantendrán la aportación del 40 por ciento aquéllos activos con rentas inferiores a 18.000 euros.
En los pasivos se establece una clasificación similar. Los pensionistas con pensión no contributiva seguirán sin aportar nada, aquéllos con rentas bajas (por debajo de los 18.000 euros) tendrán un copago del 10 por ciento, con un tope mensual de ocho euros. Por encima de los 18.000 euros, el tope se elevará hasta los 18 euros.
Con la reestructuración del copago farmacéutico, el Ministerio de Sanidad prevé recaudar entre 1,5 y 2 puntos del gasto farmacéutico, es decir, entre 150 y 200 millones. Pero parte de la idea de que no se trata de una medida recaudatoria, sino disuasoria. Ahí radica su gran potencial de ahorro y el gran hándicap del nuevo plan del ministerio: que es un ahorro potencial.
España es, según las estadísticas que maneja el ministerio, el segundo consumidor mundial de medicamentos y destruye cada año 3.700 toneladas de medicamentos, lo que para Mato revela también un importante sobrecoste derivado de un uso poco adecuado de los medicamentos. Otra medida consensuada en el Interterritorial prevé avanzar en la adecuación de los envases a la duración del tratamiento para lograr un ahorro estimado de más de 1.000 millones.
Las medidas de Farmacia se han complementado con la elaboración de un nuevo sistema de actualización del nomenclátor, que finalmente no se traducirá en un medicamentazo en función del coste de los fármacos, sino que lo fija en función de su valor terapéutico y sus indicaciones.
Sanidad espera un ahorro de 400 millones de euros por esta vía, que se sumaría a otros 350 conseguidos con el impulso al uso de genéricos y los fármacos de precio menor. Cabe destacar que tras el Interterritorial pasaron por los despachos del ministerio todos los agentes de la cadena para terminar de avanzar en las medidas que más afectan a los precios de los medicamentos.
Otros ahorros
La amplia batería de medidas propuestas prevé lograr otros mil millones con la central de compras en hospitales, que no solo abarcará medicamentos sino también tecnologías y servicios; 470 con el catálogo homogéneo de categorías profesionales y áreas de capacitación; y 500 millones de euros más con la revisión de la cartera de servicios en la que ya trabaja la recién creada Red de Agencias de Evaluación. Según la ministra, el listado de la cartera básica ya estará fijado para el próximo CISNS, junto con otras medidas en el ámbito de los recursos humanos.
Otro gran nicho de ahorro alternativo es el turismo sanitario. Sanidad se refirió a los datos del Tribunal de Cuentas, según los cuales, debido a que el anterior Gobierno no incorporó al ordenamiento español un artículo de una directiva que prohíbe los desplazamientos entre países en busca de asistencia sanitaria, España dejó de cobrar casi mil millones de euros por el turismo sanitario.
El Ministerio de Sanidad asegura que, sumadas, todas las medidas acordadas permitirán al SNS ahorrar 7.000 millones de euros. Más incluso, según Mato, en función de la gestión de las comunidades autónomas. De momento, con los datos facilitados por el ministerio solamente se sumarían 5.000 millones de euros.
Avanzar en el sistema de ‘precio seleccionado’ es una de las vías con las que el ministerio quiere seguir forzando las bajadas de precios de los fármacos, algunos de los cuales, según la ministra Ana Mato, “son aún muy altos”. Se trata de un procedimiento previsto en el RDL 9/2011, que el ministerio no había utilizado hasta el momento y que, en la práctica, supondría extender a toda España el sistema de las subastas andaluzas.
El sistema de ‘precio seleccionado’ puede conllevar la expulsión de un grupo de medicamentos del sistema de precios de referencia o aplicarse a grupos que están fuera de este, pero del que hay financiadas varias presentaciones con igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. Para determinar los grupos se tendrán en cuenta, según el RDL 9/2011, “el consumo de estos medicamentos y su impacto presupuestario”. Ponerlo en marcha requeriría de un RD que regule el procedimiento para la selección de las presentaciones, la determinación de su precio y el plazo durante el cual se mantendrá vigente.