| jueves, 21 de noviembre de 2013 h |

El proyecto de Ley de reforma del Código Penal incluirá modificaciones para mejorar la persecución penal de la falsificación de medicamentos. Así lo ha confirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante la inauguración de la Convención MEDICRIME que se celebra en Madrid, en la que también estuvo presente la ministra de Sanidad, Ana Mato.

La reforma del Código Penal se apoyan en las cifras de beneficios que supone la falsificación de medicamentos, una actividad 25 veces más rentable que la venta de drogas y que está vinculada ya al crimen organizado y a los paraísos fiscales. Según el Instituto de Seguridad Farmacéutica, el porcentaje de beneficio que se obtiene –con pocos riesgos si se compara con otros delitos- es enorme: el coste de un Viagra producido en China o India es de unos 0,05 dólares; por internet puede llegar a venderse por unos 3 dólares, aportando así un beneficio del 6.000 por ciento, que sería más del 20.000 por ciento si se consiguiera introducir el producto en el canal de distribución regular.

Según los datos de las autoridades aduaneras de la Unión Europea, entre 2006 y 2009 se triplicó el número de productos médicos aprehendidos en las fronteras comunitarias, hasta alcanzar los 7,5 millones. El porcentaje de medicamentos falsos, según las autoridades de algunos países en desarrollo, puede ascender al 60 por ciento de todos los productos en circulación. Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 50 por ciento de las medicinas compradas por Internet que ocultan su verdadera dirección son falsificadas. O lo que es lo mismo, según los datos que publica la Central Humanitaria Médico-Farmacéutica (CHMP) en su estudio “Una nueva mirada sobre el medicamento”, las posibilidades de que un internauta sea engañado en sus compras de medicamentos es de aproximadamente un 90 por ciento.

La actividad desarrollada en España contra los medicamentos ilegales es un ejemplo de esta realidad. Durante el año 2012 todas las actuaciones que se realizan habitualmente en España en la lucha contra los medicamentos ilegales y falsificados experimentaron un notable incremento, según los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Así, respecto a 2011, aumentaron un 87 por ciento las muestras remitidas a los Laboratorios Oficiales de Control; un 79 por ciento las actuaciones en colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un 71 por ciento el número de páginas web investigadas y procedimientos de cesación iniciados por la venta ilegal de medicamentos por internet (ver más datos en el cuadro adjunto).

Autoridades y expertos en la materia de 18 países han analizado medidas de prevención y protección de la salud de los pacientes ante los riesgos de actividades que MEDICRIME tipifica como delito, tales como el suministro, la oferta de suministro y el tráfico de productos médicos falsificados; la falsificación de documentos relacionados con los medicamentos (como los prospectos y recetas); la fabricación o el suministro sin autorización de productos medicinales y el marketing de dispositivos médicos que no sean conformes con los requisitos técnicos previstos. Este tratado internacional está abierto a países miembros y no miembros del Consejo de Europa. Hasta el momento lo han firmado 23 países (3 de ellos no miembros: Marruecos, Guinea e Israel) y dos lo han ratificado (España y Ucrania).