La reclasificación del 5% de los fármacos de prescripción a MP ahorraría 1.258 millones al año

R.C

Madrid

La reclasificación del cinco por ciento de los medicamentos con receta y financiados para el tratamiento de sintomatologías leves a medicamentos de autocuidado, sin receta y no financiados, produciría un ahorro de 1.250 millones de euros anuales. Estos datos los puso de manifiesto el estudio, “El valor económico y social del autocuidado en España”, elaborado por Gabriel Ferragut, Gianandrea Staffiero y Laia Cirera, todos ellos miembros del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra.

El estudio, que se presentó durante el 47º Congreso de la Asociación Europea de la Industria del Autocuidado (Aesgp), nació de otro estudio europeo de similares características, “The economic and public health value of self-medication”, en el que también se utilizó ese dato del 5 por ciento. Precisamente por eso, Ferragut y su equipo tomaron esa cifra, “una hipótesis conservadora”, como un punto de partida a partir del cual les gustaría poder continuar la investigación sobre “qué medicamentos podrían ser reclasificables, dónde hay consenso clínico y analizar empíricamente que proporción sería realmente la adecuada”.

Para llevar a cabo este proyecto, Ferragut explicó que, a partir de cifras sobre consumo farmacéutico, número de prescripciones, visitas médicas y demás datos, se planteó una “simulación de los efectos sociales generados y se calculó su impacto económico para un año de referencia”, en este caso 2009. Así, según Ferragut, tras identificar los efectos de la medida del 5 por ciento y calcular su valor económico, se obtuvieron las ganancias o pérdidas de bienestar en general y para cada agente del sistema en particular: para los usuarios, para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para la economía.

Los efectos principales que produciría sacar el cinco por ciento de los fármacos de prescripción indicados para sintomatologías leves del sistema de financiación (ver tabla adjunta) implicarían que, al no necesitar la receta del médico en el caso de patologías con síntomas de moderados a leves, se redujese el número de consultas en 23.540, lo que ahorraría al SNS 531 millones de euros al año. De esta reducción de visitas se deriva directamente una disminución de horas, casi cuatro mil, que conllevaría directamente un ahorro del coste oportunidad de las visitas de más de 354 millones de euros.

Este ahorro de horas y de costes, tal y como apuntó Ferragut, no solamente beneficia al médico, sino también al paciente, ya que esto se traduce en un “incremento en la calidad del sistema” porque el médico tendrá así más tiempo para atender a los pacientes más graves y más tiempo para investigar, entre otras actividades de beneficio directo para el paciente.

Por eso, a pesar de que es este el que pasa a correr con el gasto de 304 millones de euros que se ahorra el SNS, efecto que podría verse como negativo en un principio, se vería contrarrestado por ese coste oportunidad del tiempo, que favorece la mejor atención del paciente.

Además, Ferragut precisó que el estudio también calcula la productividad que pierde la empresa por el hecho de que un empleado no esté en su puesto de trabajo. Así, según el investigador responsable del estudio, la reducción del impacto económico por ausencia laboral se traduciría en unos beneficios de 91 millones de euros.

Una vez vistos los efectos de esta medida en general, con sus correspondientes cálculos económicos, el estudio detalla el impacto en los agentes protagonistas del escenario: los usuarios, que se verían beneficiados por una mejor calidad de la asistencia sanitaria, el SNS, que vería reducidos sus gastos, tanto en la cantidad de fármacos como en el coste de la AP, y la economía en general, que se vería beneficiada por un incremento de la productividad de los trabajadores. Y es que, además de que el trabajador se ausentaría menos del trabajo para ir al médico, también gozaría de mejor salud porque podría hacer un mejor autodiagnóstico de sus síntomas e iría directamente a la farmacia a comprar medicamentos que en el momento actual es imposible, lo que atajaría la enfermedad y, a su vez, ahorraría gastos al SNS.

Pero esto sería solamente “el inicio, el planteamiento de un modelo teórico”, tal y como reveló Ferragut. Según él, su objetivo y el del resto del equipo de investigación es acercarse más a la realidad y poder tener unos resultados más empíricos para ser capaces de analizar la variabilidad entre comunidades autónomas, ver cuál es el peso de los medicamentos que podrían ser reclasificables, calcular la incidencia que tienen realmente sobre el número de visitas en Atención Primaria o analizar las reacciones de los usuarios ante estos cambios

Para conseguir este objetivo, Ferragut consideró imprescindible la colaboración de las administraciones porque, sin ellas, es muy difícil “obtener datos más empíricos, más reales” que les permitan profundizar más en el estudio. De momento, el equipo de investigación del CRES presentará en septiembre su estudio en un curso organizado por el Instituto de Formación Cofares en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, donde quieren “ver las reacciones de las administraciones”.

A pesar de su entusiasmo, Ferragut es consciente de que aceptar las medidas que propone su estudio requiere de “un cambio conceptual importante, pasar de una cultura asistencial a una mayor responsabilización individual”. Pero, por otro lado, también cree que estas prácticas se ajustan a las tendencias actuales de una sociedad cada vez más preparada y con más información, una sociedad que quiere tener capacidad decisión y de elección.

Pero, ¿tiene la gente la suficiente capacidad crítica cuando se trata de información sanitaria? Ante esto, Ferragut aludió a la segunda parte de su estudio, en la que se estipulan “las condiciones necesarias para que se produzcan los efectos”. Y, entre esas condiciones necesarias que se plantean, se encuentra la de “proveer mecanismos de información para que esta sea lo suficientemente robusta y accesible para todo el mundo”.

Eso sí, si bien en el estudio se explica cómo deben ser esos mecanismos de información o qué papel deberían jugar aquí las administraciones públicas e incluso se apuntan algunas experiencias ya vistas en otros países, Ferragut no cree que esa tenga que ser su mayor aportación y prefiere centrarse en lo que él verdaderamente conoce: la metodología y el cálculo económico de los efectos.