| viernes, 10 de junio de 2016 h |

Desde hace años algunas comunidades autónomas han puesto en marcha iniciativas para intentar controlar el gasto farmacéutico. Las subastas de medicamentos, el cataloguiño gallego, o los algoritmos en la Comunidad Valenciana han sido poco populares entre los profesionales, que han visto limitada la libertad de prescripción en su práctica diaria. A su vez, las desigualdades en el acceso y la incorporación de las innovaciones terapéuticas en las distintas regiones se están poniendo sobre la mesa desde hace tiempo. En este contexto, y con el caso concreto del paciente artrósico, Fundamed organizó el café de redacción ‘Gestión de la equidad en las enfermedades crónicas de mayor prevalencia. El caso de la Artrosis en la Comunidad Valenciana’, en el Colegio de Médicos de Valencia (COMV).

Los profesionales sanitarios explican que estos sistemas, además de prohibir, “hacen perder el tiempo”. Para Antonio Monrabal, vicesecretario del COMV, no hay dudas de que el paciente es el perjudicado. A su juicio, los algoritmos “están cogidos con pinzas, y hay que saber usarlos”. El experto apunta que se debe respetar siempre la formación y criterio del profesional en el acto médico de cada paciente, y debe adaptarse a las características particulares de la patología y del individuo sobre el que se está interviniendo. Monrabal advierte de que con este sistema informático no se pueden hacer estudios retrospectivos. “Nos están limitando también en investigación clínica diaria”, lamentó el experto.

De esta manera, la formación adecuada del profesional debe ser la herramienta más útil para la prescripción racional y la eficiencia del sistema, y son los médicos los que aplican los criterios para una prescripción adecuada tanto en indicación y selección como en términos costo-eficientes. A este respecto, el presidente de Semergen, José Luis Llisterri, destacó que la Administración es la que tiene que formar a los médicos en actividades desde el punto de vista de prescripción.

Desde el punto de vista de la reumatología, Miguel Belmonte, jefe de Sección Reumatología Hospital General de Castellón, aseguró que la sociedad ha llevado a cabo varios sondeos sobre los algoritmos, y los resultados muestran como los reumatólogos exigen tener más libertad a la hora de prescribir. “No tiene sentido que en un fármaco que está perfectamente aprobado se pongan impedimientos, en base a criterios economicistas”. El especialista explicó que para llegar a la pantalla de la medicación que quiere dar al enfermo los médicos muchas veces tienen que ‘engañar’ al sistema informático y ‘falsear’ los diagnósticos. Como resultado de esta “carrera de obstáculos”, los pacientes no están recibiendo la medicación, lo que genera más ingresos hospitalarios y más gasto.

En este punto, el presidente del Comisionado para la Equidad del SNS de la AGP, Ángel Gil, destacó que en un contexto donde los avances, en este caso en artrosis, están apareciendo a un ritmo tan frenético la Administración debería no frenar el acceso a las terapias. “Tenemos que ir en paralelo todos los agentes”, indicóGil, al tiempo que señaló que hay que avanzar y plantear soluciones. “El paciente tiene que actuar como verdadero eje del sistema, por ello, este paciente informado es una herramienta útil para paliar este tipo de dificultades de acceso”, apostilló. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Comisionado sigue pendiente con el expediente abierto, todavía sin corregir la inequidad existente con los Sysadoa.

En este sentido, los pacientes suscribieron esta idea y subrayaron la importancia de la colaboración conjunta entre administración, profesionales, pacientes e industria. Benito Martos, presidente de LIRE, destacó la necesidad de que las autoridades sanitarias deleguen el trabajo de la prescripción en los profesionales. “El médico y el paciente es el mejor binomio para decidir la medicación adecuada. No podemos tener algoritmos y en función de ellos unas terapias dependiendo de cada comunidad”, apuntó. En esta misma línea, Beatriz Soto, presidenta de Aecosar, considera que hace falta más información en atención primaria. “El médico de primaria, a veces, no está demasiado bien informado de estos avances”, apostilló. Como indicó Martos, en el recién celebrado Congreso de la SER hace unas semanas, se presentaron varios estudios sobre los sysadoa que decían que quedaban por delante de otros medicamentos, “no entiendo entonces porqué las autoridades no leen la evidencia”, destacó.

Marco legal

En cuanto a las connotaciones legales, para Juan Suárez, abogado de Faus&Moliner, “el sistema de algoritmos genera dudas sobre si este sistema es compatible y respetuoso con alguno de los principios básicos del SNS”. De este modo, se plantean dudas sobre la legalidad de estas iniciativas, ya que quién tiene que decidir qué terapias deberán formar parte de la cartera básica es elEstado. “La ley dice que hay que acceder a los tratamientos en condiciones de igualdad, por lo que si introducimos factores a nivel regional que dificultan el acceso a terapias se producen desequilibrios”, indicó.

Un debate que, a su juicio, es complejo, y por tanto, requiere de soluciones complejas. “Es inaceptable el discurso del paciente como centro del sistema, cuando al final son declaraciones de cara a la galería, y estos derechos que formalmente no se reconocen se eliminan de forma solapada a través de artimañas sofisticadas e ingeniosas como estas iniciativas de prescripción sistemática”, apostilló el abogado. De este modo, desde el punto de vista jurídico, restringir al paciente el acceso de medicamentos va en contra de la ley.

La evidencia de la eficacia de condroitín sulfato y su combinación condroitín con glucosamina está más que constatada a juicio de José Horga, catedrático de farmacología clínica de la Universidad Miguel Hernández. Como explicó, los datos confirman que los Sysadoa son recomendables para pacientes pluripatológicos con artrosis, ya que son más eficaces que otros fármacos que actualmente se están prescribiendo, y que presentan efectos adversos. Para el experto es en este aspecto donde hacen falta establecer criterios nacionales. A su juicio, son los médicos los que deberían llevar a cabo el análisis y evaluación de estas terapias, que hasta ahora han demostrado ser el fármaco con mayor beneficio y mejor relación beneficio-riesgo en el tratamiento del paciente con artrosis y, en consecuencia, mejor relación probable coste-efectividad.

Por su parte, Belmonte está convencido de que “hay que actuar sobre los documentos de consenso y establecer criterios homogéneos”. En el caso concreto de la artrosis, comentó que “existen ensayos clínicos recientemente publicados, realizados en Valencia, en España y también a nivel internacional, en los que he participado directamente, que demuestran la utilidad clínica de condroitín sulfato y su combinación con glucosamina”.

El farmacólogo recuerda que en el caso del condroitín sulfato, los estudios destacan que el tamaño del efecto es mayor que para otros fármacos. “Deberían ser los médicos quienes evalúen las terapias y consideren que tiene un beneficio riesgo en términos de números”.

Por último, la opacidad que hay para el manejo de ciertos datos en algunas administraciones también salió a colación.“La información está disponible pero no es accesible”, indicó Monrabal. A continuación Llisterri añadió que no hay predisposición de la administración de ceder los datos y analizar lo que dice el ministerio, “de hacer estudios de farmacovigilancia y seguridad”. A su juicio, sería muy loable que las administraciones fueran corresponsables con la información.