La Ley de Garantías obligará a los médicos a prescribir por principio activo todos aquellos medicamentos que no estén protegidos por patente

La creación de conjuntos, la fijación de su precio y su revisión se realizará mediante resoluciones de la DGF y no por órdenes ministeriales

| 2011-08-26T16:20:00+02:00 h |

Carlos Arganda

Madrid

A partir del 1 de noviembre se producirá un cambio estructural en la prestación farmacéutica en el ámbito de los medicamentos sin patente. Un nuevo Sistema de Precios de Referencia (SPR) continuo sin órdenes ministeriales anuales, pero especialmente la obligatoriedad de prescripción por principio activo (PPA), cambiarán profundamente el modo de trabajo y las relaciones entre los profesionales del sector y sus proveedores. Así se recoge en el Real Decreto-ley 9/2011 aprobado por el Gobierno el 19 de agosto y que fue convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE, la abstención del PP, CiU, PNV, CC y UPN y el rechazo del resto de grupos. ¿El objetivo? Ahorrar 2.400 millones de euros adicionales, que se suman a los casi 2.600 de ahorro atribuido a los RDL de 2010.

Este nuevo decretazo que afecta al sector, el tercero en menos de un año y medio, ha eliminado la distinción existente hasta ahora entre marcas y genéricos. La nueva redacción del artículo 85 de la Ley de Garantías elimina la discriminación positiva que, en caso de PPA, se establecía en favor de los genéricos. Así, deja la decisión de elección en manos de la farmacia, ya que todos los productos que se dispensen con cargo a fondos públicos, incluidos los hospitalarios, deberán encontrarse a precio menor.

La obligatoriedad de PPA se ha dejado exclusivamente para los medicamentos que no estén protegidos por patente. En este sentido, es de destacar que los medicamentos originales y sus licencias, siempre que tengan el mismo precio y no haya genéricos autorizados, podrán ser prescritos por su nombre comercial, como hasta ahora. Del mismo modo, se han establecido una serie de exclusiones a la norma por causa clínica, que impedirá que se produzcan problemas a los pacientes, como en el caso de medicamentos con estrecho margen terapéutico.

Otra de las novedades en el ámbito de la prescripción se encuentra en la obligatoriedad de recetar por denominación genérica de los productos sanitarios. Una cuestión que para Fenin es imposible (ver página 25).

Un SPR continuo

Por otro lado, la modificación del SPR, con su actualización continua, acaba con las órdenes ministeriales, que ya eran habituales a finales de cada mes de diciembre. A partir de este momento, serán resoluciones de la dirección general de Farmacia las que determinen los nuevos conjuntos en el momento en que se comercialice un nuevo medicamento genérico, así como sus precios y sus revisiones.

La actualización de los precios menores, sin embargo, requerirá el acuerdo previo de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial, “si las variaciones experimentadas en los precios de los medicamentos o productos sanitarios así lo aconsejan”, tal y como se refleja en la nueva disposición adicional decimocuarta de la Ley de Garantías. Eso sí, la dirección general de Farmacia podrá autorizar a la rebaja de precio voluntaria sin obligar al cambio de código nacional.

La obligación de prescribir por principio activo supondrá, de hecho, que iniciativas autonómicas recientes para controlar el gasto farmacéutico ya no tengan razón de ser porque sus efectos se han generalizado para todas las comunidades autónomas. Es el caso del catalogo priorizado de medicamentos gallego, que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, que no obstante, por esta modificación legal se generaliza a toda España. Pero esta no es la única iniciativa autonómica que se dejará de aplicar en la práctica. Lo mismo sucede con el ‘borrado’ de marcas llevado a cabo en País Vasco, Asturias o Castilla-La Mancha, ya que la prescripción por principio activo generaliza la desaparición de estas de los sistemas de prescripción en el ámbito del SPR.

Por su parte, el RDL 9/2011 también recoge iniciativas autonómicas como las licitaciones andaluzas ya que el concepto de “sistema de precio seleccionado” ampara la selección de unas presentaciones y deja temporalmente fuera del SNS las no seleccionadas. Lo mismo sucede con la salida de DH del canal farmacéutico, potesta que se arroga al Ministerio de Sanidad.