La Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que agrupa a las principales entidades representativas de los pacientes, ha emitido un comunicado ante la alarma generada en muchos pacientes por la incertidumbre en el acceso a nuevos tratamientos innovadores y tras diferentes comunicados y manifestaciones de los propios colectivos interesados.
La plataforma recuerda que los fármacos innovadores son la esperanza de muchos pacientes, en enfermedades como hepatitis C, fibrosis quística, etc., y que su acceso está fuertemente condicionado por la situación económica y las políticas de recortes en la sanidad pública. Por ello, exigen al ministerio y a las comunidades que no sea el criterio económico el que determine la prescripción, sino los profesionales, y que se habiliten las partidas económicas necesarias para financiar el coste de estos tratamientos.
Para esta entidad, la efectividad de estos fármacos debe medirse a largo plazo y en función de la calidad y/o esperanza de vida ganada. Insisten en que resulta difícil medir eficiencia a corto plazo de un fármaco que no tiene recorrido en el mercado.
La plataforma puntualiza que el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional, recogido en el artículo 43, que está unido al derecho a la vida y a la integridad física de toda persona que ampara el artículo 15. “Es un deber de los poderes públicos garantizar la salud de sus ciudadanos y, en ese sentido, el acceso a los fármacos que proveen esa situación de salud”, manifiesta.
En este sentido, recalca que no ofrecer tratamientos innovadores puede poner en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física. Además, este derecho debe asegurarse con la misma calidad y seguridad, con independencia de dónde resida el paciente (no debe haber diferencias entre comunidades autónomas, provincias u hospitales), garantizándose de esa forma la equidad. Para que esté garantizada, subrayan que deberá disponerse de los medios presupuestarios necesarios, que favorezcan y compensen desigualdades e eniquidades territoriales. En este caso, como en muchos otros, “es una obligación de las autoridades sanitarias, estatales y autonómicas, evitar cualquier discriminación o inequidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Por este motivo, la plataforma considera que debe exigir que los fármacos estén disponibles a la mayor brevedad, pero manteniendo la cautela sobre sus resultados dependiendo de la situación de cada persona. Los especialistas son los encargados de prescribir la oportunidad de administrar el fármaco. “Nuestra misión es pedir que esté disponible cuanto antes en los hospitales, pero también, como siempre, defender que es el criterio del profesional con plena libertad quien indique a qué personas debe administrarse”, concluye.
