La última Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos aprobó la financiación de tres anticonceptivos que, de esta forma, se incorporarán a la actual oferta del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta decisión no resulta intrascendente, sino que tiene gran importancia. Sobre cuestiones, además de económicas, éticas y estéticas. Y es que, por un lado, ésta ha sido la primera vez que se ha financiado un medicamento genérico sin haberlo sido anteriormente la especialidad original. Es más, incluso se ha promocionado la medida con la utilización del nombre de dos de dos anticonceptivos ‘de marca’ de la farmacéutica Bayer Schering Pharma, Yasmin y Yasminelle. Por otro, porque con esta decisión se incrementa la cartera de prestaciones farmacéuticas sin que exista demanda social, con el único objetivo, parece ser, de ganar unos cuantos votos en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Es este último hecho uno de los más dramáticos, en un momento en el que a todo el sector se le está apretando el cinturón, bien sea desde la Administración central bien sea desde las autonómicas. ¿Se ha calculado el impacto presupuestario que podría llegar a suponer la medida? ¿Se ha tenido en cuenta el incremento de la presión asistencial que se creará debido a la presencia en las consultas médicas de mujeres que acudirán al médico para recibir ‘el cheque público’ y, de esta forma, poder adquirir su anticonceptivo financiado?
Bien es cierto que financiar un medicamento resulta muy atractivo de cara a recibir los parabienes de los futuros compradores de ese fármaco, en este caso compradoras, pero se debe tener cuidado con este tipo de financiaciones. Por ejemplo, ¿por qué no se financian los tratamientos antitabáquicos? Y es que, si estamos con las tijeras dispuestas a recortar todo lo recortable, ¿por qué ahora se sale con esta barra libre? Hay que ser un poco más serios y, sobre todo, mucho más racionales.
