Nadie en el ámbito de la industria farmacéutica entendía los motivos que habían llevado a eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades a las inversiones en investigación y desarrollo. Como advertían algunos responsables de instituciones, como José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la Asociación de Bioempresas (Asebio), el mero anuncio de la eliminación de las deducciones ya había causado un importante mal a los planes de investigación de las compañías.
Estas deducciones son una más de las iniciativas dirigidas a fomentar la investigación, y establecerlas está en mano de los gobiernos. Al igual que el Plan Profarma, es una manera de que, además de los beneficios logrados a largo plazo por las tareas de investigación, las compañías consigan un aliciente a corto plazo para seguir desarrollando y apostando por la I+D en nuestro país. Por tanto, es una gran noticia que el Gobierno haya reconsiderado su decisión y haya confirmado que, a partir de 2011 seguirán existiendo estas deducciones.
La I+D en general, y muy específicamente la farmacéutica, es una actividad a largo plazo que requiere de un entorno legal y económico predecible. Cualquier modificación puede poner en riesgo la realización de nuevas inversiones ya que las compañías pueden buscar otros ámbitos más estables. En los últimos meses la crisis y la deslocalización están afectando también a diferentes aspectos relacionados con la investigación farmacéutica. Por ese motivo, cualquier ayuda que pueda establecerse, o muy especialmente no eliminar, desde las administraciones públicas contribuirá a lograr los objetivos de inversiones en I+D que los gobiernos y las compañías farmacéuticas se han marcado.
