La incertidumbre es una de las cuestiones que peor sientan a cualquier actividad económica. En el caso del ámbito farmacéutico, y especialmente en la industria, que realiza inversiones a largo plazo y con mucho riesgo, más. Durante la semana pasada hemos revivido tiempos pasados en las formas en las que un ministerio, el de Sanidad, gestiona la información tanto ante las comunidades autónomas como ante el sector un plan de medidas de choque tan importante como el que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros. A lo largo de la semana pasada, María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucía, se quejó de la tardanza en llegar el orden del día del Interterritorial o la extensión del mismo, diluyendo la importancia de la cuestión más relevante de la convocatoria. Una situación que ya se producía antes, pero las quejas eran desde la otra acera.
Igualmente, como ha sucedido en ocasiones anteriores, el sector se ha sentido excluido de la definición de las medidas y ha atendido más a la rumorología que a los datos y palabras de la ministra de Sanidad tras el Consejo Interterritorial. Solo ha habido una actuación que podría ser considerada como un cambio cualitativo, la recepción que en el ministerio se hizo el pasado miércoles a los representantes de todas las patronales y colectivos representativos del sector para informar de las medidas.
No obstante, y a pesar de esas reuniones mantenidas con los agentes del sector, los rumores sobre medidas mucho más importantes que las anunciadas por Ana Mato fueron in crescendo hasta la misma rueda de prensa del Consejo de Ministros. La difusa información contenida en la nota de prensa del Ministerio de Sanidad y las vagas explicaciones en el ámbito de farmacia generaron más confusión e incertidumbre al sector. No creemos que la falta de transparencia exhibida frente a un sector que está acostumbrado a los ajustes y que su mayor demanda sea la estabilidad sea una buena estrategia. Esperemos que cambie.
