Cuando se habla del Consejo General de Farmacéuticos, además de ponerle cara con la figura de su presidenta, Carmen Peña, lo que se nos viene a la cabeza es que se trata de una institución en la que están representados todos los farmacéuticos españoles. Desde ese colegiado madrileño, a ese otro melillense. Es decir, el Consejo es el Consejo porque en él tienen voz y voto todos sus colegiados. Y esa voz y voto, que parece que ahora es lo que más importa, debe ser una voz y un voto real. No se trata de invitar a la fiesta a los ‘amigos pobres’ para que vean que bien lo hacemos y luego mandarles de regreso a su pequeño colegio. Si alguien lo piensa, se equivoca de institución.
Con la aprobación de los estatutos del Consejo a la vuelta de la esquina (serán votados en la Asamblea general el 28 y 29 de enero) el tema de la representatividad ha puesto nervioso a más de uno. Unos nervios que podrían traducirse en ansias de poder controlar, por el peso que le da el número de colegiados, una institución que no debe ni puede depender de los intereses de unos pocos. Sí, es cierto que esos pocos cuentan con gran parte de los colegiados, pero una organización colegial, y más en un Estado autonómico, debe reflejar la realidad existente: la de los más grandes y la de los más pequeños. Ésas son las reglas del juego que, por otra parte, si la mayoría desea romper se romperán en esa Asamblea de finales de enero.
No se trata de cercenar la representatividad de los grandes, que sí se atentaría contra ella estableciendo un sistema de voto simple (un colegio un voto). Se trata de encontrar un camino intermedio en el que todo el mundo se sienta cómodo. Así lo ha interpretado la cúpula directiva del Consejo. Una cúpula que, por cierto, si se aprueba el borrador de estatutos que presente será elegida en base a ese sistema proporcional, en contra del sistema simple actual.
