La limitación del suministro de los antivirales contra la gripe porcina, Tamiflu y Relenza, a los hospitales, impidiendo el acceso a los mismos en las oficinas de farmacia, ha sido una de las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social de Trinidad Jiménez para hacer frente a la alerta sanitaria que se ha producido en nuestro país después de confirmarse la existencia de algunos casos de ‘nueva gripe’ en España. La medida, según señaló la propia ministra en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, se justificaba para controlar de manera responsable la dispensación de estos fármacos entre la población.
Sin embargo, Jiménez, puede ser por la bisoñez que tiene todavía en el cargo —aunque hemos de reconocer que sus primeros movimientos a raíz de esta crisis la han presentado como una auténtica veterana—, realizó una afirmación que podría poner en cuestión la responsabilidad profesional de los farmacéuticos españoles. Así, la ministra de Sanidad se aventuró a señalar que la decisión adoptada también se debía a “una cuestión de responsabilidad” porque no se podían adquirir estos medicamentos sin receta. Quizá ésta es la frase que Jiménez se tenía que haber ahorrado para sacar un cum laude en esta cuestión. Indirectamente, y a buen seguro no era su intención, la ministra de Sanidad ponía a los farmacéuticos en entredicho. ¿Acaso la Ley de Garantías no prohíbe y además sanciona a aquellos farmacéuticos que dispensen medicamentos sujetos a prescripción médica sin que les sea presentada la correspondiente receta?
Por fortuna, los farmacéuticos españoles han sacado a relucir su profesionalidad y su responsabilidad social al aplaudir la medida adoptada por Sanidad, y no han querido entrar en la posible desconfianza que se derivaba de las palabras de Jiménez.
