La sanción de un millón de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a cuatro asociaciones de farmacéuticos (FEFE, Ceofa, Aprofarma y Aprofase), por el intento de “boicot colectivo” a los Laboratorios Davur vuelve a poner encima de la mesa el eterno debate acerca de si la farmacia puede ser considerada una pieza más del mercado o, tal y como se defiende en Europa, Gobierno incluido, se trata de un instrumento más del Sistema Nacional de Salud. Si consideramos la vertiente sanitaria de la farmacia española no se entiende, pues, el hecho de que la CNC pueda emitir una resolución contra un sistema, como es el de la farmacia, que está sometido a una regulación casi total por parte del Estado. Y menos que, una vez que el presunto afectado, Laboratorios Davur, al que ese presunto boicot no le afectó en absoluto, ya que incluso aumentó sus ventas después de que las cuatro asociaciones emitiesen la comunicación a sus asociados por la que han sido multados, retirase su reclamación.
Si nos centramos en el objeto de la sanción, podemos comprobar que la información destinada por estas asociaciones a sus socios era meramente informativa. Una comunicación que no pretendía realizar ningún boicot sino aclarar las dudas generadas por la entrada en vigor de la Orden de Precios que recogía la recién aprobada Ley de Garantías. Como ha señalado la presidenta de FEFE, Isabel Vallejo, la información trasmitida era “transparente y veraz” y se circunscribía al derecho, recogido en los estatutos de estas asociaciones, de sus socios a ser informados. Estamos de nuevo ante el dilema: ¿la farmacia es un negocio como otro cualquiera? No. Y no es así porque el Gobierno regula, establece unos límites y ésos son muy claros y, sobre todo muy estrechos. Una sanción puede ser entendida como una sanción al Ejecutivo por parte de una de sus instituciones.
