| miércoles, 20 de abril de 2011 h |

Nadie duda que la implantación de la receta electrónica aumenta la calidad de la asistencia sanitaria y, por tanto, la farmacéutica. Sin embargo, una cosa son las intenciones y otra muy bien distinta las realidades. Es decir, que si bien es loable los esfuerzos que han hecho en los últimos años distintas comunidades autónomas (esfuerzos que han liderado, normalmente con cargo a sus bolsillos, los farmacéuticos de esas regiones), no es menos cierto que la crisis económica es un freno importante para que en aquellas que no han podido poner en marcha esta herramienta.

Esta diferencia en la implantación de esta herramienta, al existir comunidades autónomas como Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Extremadura y Galicia, que ya la tienen en marcha prácticamente al cien por cien, y en la que hay otras en las que la receta electrónica está lejos de ser una realidad, hace que se haga evidente que en nuestro país este sistema marcha a velocidades distintas. Esta circunstancia es un problema para que el sistema funcione correctamente. ¿Por qué? Porque no se puede tener un sistema, para el que se ha tenido que llevar a cabo un importante desembolso económico, que solamente funcione a nivel regional. Eso es una pérdida de tiempo y de dinero en un país que está ya lo suficientemente parcelado como para que cada comunidad autónoma tenga su propia receta electrónica únicamente válida en su territorio.

En este sentido, cabe destacar la iniciativa de la Consejería de Salud de las Islas Baleares, que recientemente organizó la I Jornadas de Receta Electrónica para analizar los obstáculos que dificultan su implantación, tal y como recomendó el Consejo Interterritorial. Y son destacables las palabras de la directora general de Farmacia balear, Rosa María Alis, que apostó por repetir este tipo de experiencias para, de este modo, potenciar sinergias entre comunidades para, a distinto ritmo, todas lleguen a su implantación.