| viernes, 02 de septiembre de 2011 h |

Cuando se habla de un Sistema Nacional de Salud se habla de un sistema que está por encima de cualquier iniciativa autonómica, más o menos imaginativa, a pesar de que las competencias estén transferidas. La cacareada cohesión salta por los aires cuando se adoptan medidas como la resolución acordada por el Servicio Navarro de Salud, que a principios de año decidió que esta comunidad solamente financiaría las recetas de pacientes residentes en Navarra o, de manera excepcional, de aquellos pacientes desplazados o transeúntes. Es decir, poner una ‘frontera’ a la dispensación de medicamentos financiados en función de la residencia del ciudadano.

Ahora, el Defensor del Pueblo navarro, Javier Enériz, ha emitido una resolución en la que insta a revocar esta resolución. Según indica Enériz, en respuesta a la queja presentada por una farmacéutica navarra, no existe base legal para negar la financiación de un medicamento a cualquier ciudadano. Y fundamenta estos argumentos sobre la base de la legislación vigente, incluida la Ley Foral 12/2000. Y es que, en nuestro defendido Sistema Nacional de Salud la receta médica es válida en todo el territorio nacional; todas las farmacias están obligadas a recibir recetas y dispensar medicamentos con independencia de dónde esté expedida la receta; y porque los ciudadanos tienen libertad para elegir farmacia. Esto es el Sistema Nacional de Salud, lo otro, lo de Navarra y algún otro sitio, es otra cosa muy distinta.