| viernes, 16 de septiembre de 2011 h |

Echando la vista atrás, resulta llamativo lo que ha sucedido en España con la evaluación económica. Asignatura pendiente de todos los gobiernos, no es posible encontrar un único responsable a algo que, todavía hoy, y a pesar de las potenciales del recién creado Comité de Coste-Efectividad de los Medicamentos, puede seguir quedando en una simple promesa electoral. La evaluación económica permitiría que las decisiones que se quieren poner en marcha en materia de financiación selectiva y con la participación de las comunidades se tomen con un criterio y una base científica que las justifiquen. El problema es que la situación hoy, como ayer, es justo la contraria: las decisiones precios y reembolso no están sujetas a unos criterios fijos, objetivos, generales y conocidos por todos, lo que permite que se adopten decisiones sin justificación objetiva.

Los economistas consultados por EG han dado en el clavo. Sobra miedo y faltan voluntad política y una auténtica cultura del coste-efectividad. En realidad, estas tres necesidades no son sino el reflejo de lo que ha venido sucediendo hasta ahora. No es posible creer que los decisores sanitarios hayan pensado nunca seriamente en el coste efectividad. El foco siempre ha sido un corto plazo basado en el coste y con poco énfasis en los resultados. Aquí reside, de hecho, parte de la crisis que hoy vivimos y que la evaluación económica podría ayudar a combatir muy eficazmente. Se han querido cubrir muchos servicios, con poca o nula evaluación de coste-efectividad y solo centrados en el impacto presupuestario o electoral.

Si se usan criterios objetivos y verificables para las decisiones de financiación y precio todos saldrán ganando: los pacientes, la Administración y quienes más aporten. Consideramos que hay que perder el miedo de una vez a las decisiones basadas en la evaluación económica, siempre y cuando se lleven a cabo para ordenar prioridades, no de recortar.