No era fácil el papel que tenía que jugar Farmaindustria y, especialmente su presidente, Jordi Ramentol, a la hora de valorar los efectos que el Real Decreto-ley 16/2012 iba a tener sobre la industria farmacéutica en nuestro país. Hay ocasiones en las que el corazón dicta un camino y la razón otro. Y es muy probable que en este caso, dentro y fuera de la patronal haya habido voces que clamaran por romper de nuevo los puentes con la administración y dejar claro su desacuerdo más absoluto con las medidas aprobadas.
En este caso, la prudencia y el conocimiento de la crítica situación económica del país han modulado la respuesta de la patronal. En este sentido, la escenificación pública del desacuerdo de la patronal con este decreto-ley nada tiene que ver con la que se hizo ante el RDL 9/2011. Momento en el que todos los vicepresidentes de la asociación acompañaron a Ramentol y Humberto Arnés, su director general, a la hora de exponer su enfado. Todo ello, queda de manifiesto en la entrevista que Ramentol ha concedido a este periódico y que publicamos esta semana.
Es cierto que este decreto-ley, con unos efectos muy importantes sobre el sector, es menos dañino que los anteriores y, además, se ve con un componente estructural mucho mayor. Y ello, a pesar de que el resultado del ahorro económico esperado es mucho mayor. De este modo, el impacto sobre las cuentas de la cadena del medicamento por el cuarto decretazo en 24 meses será muy importante, aunque ha sido ponderado y relativizado, y no por ello minusvalorado, por Ramentol a la búsqueda de un bien común.
La industria ha mostrado una posición de responsabilidad abandonando radicalismos que no llevan a nada ante una situación crítica. Por ello, Sanidad debería intentar evitar todos aquéllos casos en los que, sin que exista un impacto económico de relevancia se toman decisiones que dañan al sector. Hoy, más que nunca, el win-win debe dirigir la actividad de la Administración y el sector.
