A punto de comenzar las vacaciones, los chiringuitos se ponen de moda. Y no precisamente los de playa, sino los financieros, aquellos que han crecido sin ton ni son a la sombra de unos gobiernos regionales que durante demasiados años se han empeñado en vivir como nuevos ricos, sin darse cuenta de una obviedad: España no es Estados Unidos. Juntos, han terminado por crear un gigante público que, como el que pintó Francisco de Goya, puede terminar devorando a su hijo. La cuestión está clara. Los generadores de la deuda y el bolsillo roto ahora se erigen en salvadores criticando la existencia de tanto gasto superfluo. Pero que nadie se engañe. Tanto el PP como el PSOE tienen sus propios chiringuitos, amasados a lo largo de muchos años de competencias. Pero en Cataluña, no. Al menos ya no. Demos las gracias, porque a partir de ahora se puede empezar a preguntar si es razonable amenazar con recortar en sanidad mientras se gastan ingentes millones anuales en partidas superfluas.
Los primeros pasos se han dado, pero apenas imitan los de un recién nacido. El primer paquete de reformas de Alberto Núñez Feijóo para reducir el tamaño de la administración paralela gallega rondaba un ahorro de diez millones de euros anuales. Y el ahorro de María Dolores de Cospedal, incluyendo la supresión del Defensor del Pueblo, el CES y la Comisión Regional de Competencia no llega a los seis millones. Meros titulares, en definitiva, que no llegan ni a la suela de los zapatos de las cifras que estos organismos manejan; un ahorro que no llega ni a simbólico frente a los 6.000 millones de gasto superfluo que suponen, según el PP, sólo en Cataluña. Ahí es nada.
El acuerdo catalán apuesta por reducir este gasto, pero sin tocar la sanidad. Craso error, debatir este asunto con populismo. El gasto superfluo es superfluo, tanto si se habla de 17 defensores del pueblo, sistemas meteorológicos o entidades sanitarias. Está claro que hay que priorizar. Pensemos en priorizar con absoluta responsabilidad.
