Doble precio. Dos palabras que esconden una polémica que enfrenta a distribuidores y a laboratorios. Dos palabras sobre las que nuevamente deberá pronunciarse la Comisión Europea, una vez que el Tribunal de Justicia Europeo haya fallado que, si bien las condiciones de venta de Glaxo Wellcome (ahora GlaxoSmithKline) en España en 1998 eran incompatibles con la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia, la Comisión Europea no estudió con “suficiente detalle” la documentación aportada por la compañía para solicitar una exención porque estas condiciones contribuían a “mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico”. Estamos en 2009, 11 años han pasado desde que la farmacéutica llegase a acuerdos con 75 mayoristas españoles de la distribución de medicamentos. ¡11 años! Y aún tenemos ese problema sobre la mesa. Y lo seguiremos teniendo, a buen seguro, por unos cuantos años más.
Un problema sobre el que también se ha pronunciado dentro de nuestras fronteras la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Doble precio? No existen esas palabras para este organismo, que resuelve que lo que establecieron cinco laboratorios farmacéuticos: Pfizer, Janssen-Cilag, MSD, Lilly y Sanofi-Aventis (excluye a Novartis) era un precio libre y que, tras demostrarse que los fármacos fueron vendidos en territorio nacional y estaban incluidos en el régimen de financiación pública, los precios se transformaban en precios intervenidos. No hubo acuerdo entre las compañías para establecer este sistema, y tampoco se expulso del mercado a algunos distribuidores mayoristas.
Dos decisiones, dos versiones y un problema: el suministro de medicamentos. ¿Se llegará alguna vez a un acuerdo?
