Lo que mal empieza, suele acabar también mal. Un buen ejemplo es el denominado ‘caso Canarias’, que tras una sentencia del Tribunal Supremo mantiene en vilo a 196 oficinas de farmacia de esa comunidad autónoma. Y no únicamente a estos locales sanitarios, sino a toda la población canaria. Porque si se ejecuta la sentencia deberán echar el cierre y, por supuesto, uno de los grandes perjudicados será el paciente, que verá desaparecer esa oficina de farmacia a la que lleva yendo desde hace años. Otro, los más de 400 empleados de esas oficinas de farmacia que engrosarían las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y tal y como está la cosa…
El perjuicio que puede provocar el cierre de 196 oficinas en la comunidad autónoma de Canarias es algo a tener muy en cuenta, más cuando es un porcentaje muy elevado, dado que existen en esta comunidad 706 boticas. Se trataría de una merma sanitaria para miles de personas. Un aspecto que debe ser valorado y pedir, por el interés general, que se eviten estos cierres. Sí, es cierto que si las cosas se han hecho mal hay que pedir responsabilidades. De eso no tenemos ninguna duda. Tampoco tenemos ninguna duda que en un Estado de Derecho el fraude de ley no tiene cabida. Pero también consideramos que si existe un pequeño resquicio y la Ley de Jurisdicción Contenciosa permite evitar la ejecución de la sentencia por ese interés general nos debemos aferrar a él.
Otra cosa distinta es poner en el punto de mira una situación insostenible y que, incluso, hace dudar de los objetivos de nuestro modelo farmacéutico. Se deben unificar los criterios de adjudicaciones en todas las comunidades autónomas. Sí, las competencias sanitarias están transferidas, pero eso no da pábulo a la existencia de baremos tan diferentes dentro del país. Manos a la obra, ¿no?
