El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha abierto la puerta para renovar sus estatutos. Una puerta por la que, hasta el próximo mes de febrero, cuando finalice el plazo otorgado por el Ministerio de Economía para la adecuación de estos estatutos a la transposición de la Directiva europea de Servicios, la conocida Ley Ómnibus, pasarán asuntos como la representatividad de los colegios provinciales en la asamblea de máximo órgano de gobierno de los farmacéuticos españoles.
Ésta no es una cuestión baladí. Ya ha habido colegios provinciales, como el de Madrid y el de Valencia, que han pedido revisar la representación en este órgano en base al número de colegiados que cada colegio provincial tenga. Una reclamación que, sin duda, estaría acorde con el peso específico de cada uno de los colegios provinciales en el seno del Consejo General.
La presidenta del Consejo General, Carmen Peña, sabe que abrir esta puerta es un asunto delicado aunque, sin duda, es necesario para mejorar el funcionamiento de la institución farmacéutica. Peña ha demostrado que el cargo de presidenta del Consejo General ni mucho menos le viene grande, ya que ha cogido el toro por los cuernos y, en base al borrador de estatutos de 2005, está dispuesta a afrontar cualquier cambio que tenga que acontecer en el seno de la institución para fortalecerla. Y en este punto, en el voto ponderado de los colegios provinciales, Peña ha demostrado que se sabe mover. Sabe que es de justicia pero también quiere que el Consejo General sea la casa de todos: grandes y pequeños. También sabe que tres colegios no pueden guiar los destinos de todos. Por eso, seguro que dará con la tecla para, como en el milagro de los panes y los peces, todos estén cómodos. ¿Lo logrará? Sí, los colegios provinciales decidirán en un marco de trasparencia.
