| viernes, 03 de junio de 2011 h |

Lo que ha sucedido en la Región de Murcia con sus oficinas de farmacia es muy grave. El hecho de que los farmacéuticos murcianos hayan tenido que tragar el envenenado acuerdo de su consejería de Sanidad con las entidades bancarias para poder hacer frente al pago de la factura farmacéutica es un monumento al absurdo. Porque, que los farmacéuticos hayan tenido que avalar el préstamo concedido a la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia para que ésta pueda pagarles a ellos, el que lo hayan tenido que hacer ante notario, y el que hayan tenido, en mucho casos, que poner sobre la mesa los documentos de propiedad de sus farmacias, es insólito. Sobre todo porque los farmacéuticos no tenían otro camino si es que querían cobrar por el trabajo que desempeñan en sus locales. La verdad es que es algo inexplicable que sean estos profesionales los que tengan que poner un parche al agujero que se ha creado por actuaciones irresponsables y manirrotas que no han sido suyas. Y, encima, a callar.

Este acuerdo obligado es especialmente grave porque, visto lo visto y, sobre todo, lo que todavía no se ha visto (que le pregunten al ‘sorprendido’ Mariano Rajoy), lo más seguro es que la mancha de aceite se pueda extender a otras comunidades autónomas. Porque cuando se trata de exportar medidas que afectan a la oficina de farmacia los consejeros de Sanidad se las pintan solos. Ahí encontramos a Cataluña, cuyos presupuestos no dan para cubrir la factura farmacéutica los primeros ocho meses del año (por si no lo saben los consejeros, el año tiene doce). O ahí tenemos los tiras y aflojas que mantienen el Cacof y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por quítame de ahí esas subastas. Pero esto último es harina de otro costal, aunque la actitud de los farmacéuticos es la misma que la de los profesionales murcianos. Es decir, que han hecho un ejercicio de responsabilidad y gracias a su profesionalidad el fantasma del desabastecimiento ha abandonado ligeramente la comunidad andaluza.