Pone en riesgo o no la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el modelo farmacéutico planificado que está actualmente en vigor en nuestro país? A tenor por lo que se comenta en el sector, no. O sí, quién sabe. La cuestión es que, por ejemplo, tanto en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos como en el seno de la patronal estatal FEFE, están muy tranquilos. Para ellos, el modelo no está en riesgo. Así, desde la patronal no tienen pensado recurrir la sentencia del tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo. Mientras, desde el Consejo General, más que nada por atender la petición realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Asturias, y por dar su apoyo a quien ha sido durante los últimos 12 años compañero de viaje en esta aventura judicial, la Consejería de Sanidad, planteará la cuestión al pleno de la institución. Eso sí, creen que no sería necesario recurrir la sentencia porque en ningún momento pone en riesgo el modelo. En el lado contrario, se sitúan los demandantes y Plafarma, la cuestión también está clara: la sentencia asturiana es un varapalo para el modelo planificado y pone en cuestión el mismo. Cada uno observa el horizonte del color que más le gusta.
Lo que está claro es que la sentencia señala que los criterios generales restrictivos que establecía el decreto asturiano no eran adecuados para garantizar la adecuada prestación farmacéutica a determinados núcleos de población. Es decir, que la inflexibilidad de la norma hace que la planificación no sea adecuada. También está claro que el decreto asturiano ya fue sustituido por la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica del Principado de 2007, que, además de utilizarse como criterio los módulos de población y distancias, preveía el abordaje de situaciones particulares, como la posibilidad de abrir una primera farmacia en cualquier municipio al margen de su población o abrir una farmacia en núcleos de población de 600 habitantes aunque ya existan otras en el municipio. Ésa es la realidad.
