El cambio en el mapa político salido tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo tiene aún que concretarse en algunas comunidades autónomas. Una espera que mantiene aún en el aire aspectos muy importantes para los farmacéuticos españoles. Aspectos como los procesos de implantación de la receta electrónica en varias comunidades autónomas, como los borrados de marcas iniciados por otras en la anterior legislatura, como la salida de medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) del canal de la oficina de farmacia o como los impagos que se producen cada vez con más frecuencia en algunas regiones y que, si no cambian mucho las cosas, se producirán cada vez con más frecuencia después de verano.
Son quizá estos impagos los que, a corto plazo, más preocupa a los farmacéuticos españoles. Las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios, sí, pero también son pequeñas empresas que si no ingresan dinero en su caja se ven abocadas a pasarlas canutas. Esta ecuación tan simple no lo es tanto debido a que nos referimos a un sector regulado. Es decir, que tiene prácticamente un único y obligatorio cliente que, por otro lado, es quien pone las reglas de juego. Y este cliente está, como se dice, más tieso que la mojama. Ya lo hemos comprobado en Murcia, donde los farmacéuticos han tenido que avalar a su cliente para, de esta forma, poder cobrar. Y lo estamos viendo en Castilla La Mancha, donde el miedo se ha apoderado de estos profesionales una vez que han visto que la Consejería de Sanidad ha paralizado el pago de la factura correspondiente a mayo.
Esperemos que este último episodio se deba únicamente a problemas de traspaso de gobierno entre José María Barreda y María Dolores de Cospedal. Un traspaso que también se producirá en otras comunidades, en las que los farmacéuticos aguantan la respiración hasta ver por dónde romperá la situación. Y es que, un nuevo mapa político provocará, a buen seguro, un nuevo mapa para el sector.
