c. r.
Madrid
Congelado durante años en 90 millones de euros, y reducido en los Presupuestos Generales para 2011 a 87,2, la insuficiencia del Fondo de Cohesión para atender a los desplazados nacionales ha sido motivo de queja y denuncia durante todo el mandato socialista. Con las cuentas autonómicas en zona roja, el problema se ha agravado hasta el punto que la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una queja de oficio ante el ministerio, en la que solicita que el Consejo Interterritorial adopte los acuerdos necesarios que permitan garantizar el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias.
Tras esta investigación se encuentran las quejas ciudadanas que recibe la Oficina del Defensor del Pueblo, y que para esta institución son especialmente preocupantes en el caso de supuestas limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada y restricciones a los tratamientos farmacológicos de enfermos crónicos. Las denuncias parecen haber llegado únicamente al Defensor del Pueblo, porque al Ministerio de Sanidad no le consta que haya restricciones o limitaciones a la atención sanitaria de los desplazados nacionales, y la ausencia de denuncias impide que el departamento de Leire Pajín pueda actuar de oficio.
Sin embargo, la bola se ha hecho tan grande que la ministra ya ha mostrado su preocupación por este asunto y ha enviado cartas a las comunidades donde supuestamente más se detecta este problema para asegurar el cumplimiento de la Ley de Cohesión, que garantiza la atención a todos los ciudadanos españoles dentro del territorio nacional. En concreto, ha preguntado a Cataluña, Murcia, Madrid, Andalucía, Canarias, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana cuáles son sus mecanismos en lo que toca la prestación sanitaria de los pacientes desplazados.
¿Quién paga?
El ministerio no ha querido hasta ahora escuchar las reclamaciones de las comunidades que le exigían hacerse cargo del coste de los desplazados. En todo momento, Sanidad instó a las comunidades a llegar a un acuerdo para las compensaciones. De hecho, Pajín ya lo escenificó hace poco, ya que a principios de julio aseguró que no pagaría los 150 millones de euros que Cataluña reclamaba por la atención de desplazados.
Sanidad sigue sin prometer nada, salvo la posibilidad de reunir a las comunidades con el secretario general del ministerio, José Martínez Olmos, de cara a vislumbrar fórmulas para garantizar este derecho. Por su parte, los colectivos de pacientes exigen una solución al Interterritorial, aunque reconocen que no es sencillo. “Difícilmente se podrá solucionar un tema por el que llevamos años luchando, incluso cuando supuestamente había recursos”, dijo Alejandro Toledo, presidente de la AGP.
