Ana María Corredera

Portavoz de Sanidad del PP andaluz

| 2011-06-10T16:15:00+02:00 h |

Pregunta. ¿Qué política farmacéutica defiende el PP en Andalucía?

Respuesta. En momentos de crisis es cuando más necesario es abrir una vía de diálogo permanente con el sector para alcanzar acuerdos que permitan ahorrar en gasto farmacéutico, pero también son necesarias campañas que conduzcan a un uso racional de los medicamentos. Por otro lado, somos partidarios de un catálogo único de fármacos en todo el Estado, de un nomenclátor único que garantice la igualdad y equidad de acceso a los medicamentos. Respecto al sector, hay que garantizarles estabilidad y seguridad jurídica. Para ello es necesaria una previsibilidad en las acciones de gobierno, no puede haber cambios continuos en la política farmacéutica.

P. ¿Qué le parece la PPA frente a estrategias como el catálogo gallego?

R. Prácticamente hablamos de lo mismo. En marzo, la consejera de Sanidad, María Jesús Montero, dijo que la ley gallega, lo que hace es, por ley, prescripción por principio activo, y dijo que lo que Andalucía hace en base a la legalidad, después de diez años y del apoyo de los profesionales, en Galicia se hace por ley. A mi juicio, no hay diferencias, excepto que en Galicia se hace por ley y en Andalucía es una recomendación y se ha incentivado que en el conjunto del sistema el médico haga esa prescripción. La solución pasa por un catálogo y un nomenclátor únicos, puesto que no puede ni debe haber diferencias para los ciudadanos en el acceso a la sanidad o en la prescripción de medicamentos.

carlos b. rodríguez

Madrid

La idea de la Consejería de Salud andaluza de subastar algunos principios activos ha tensado hasta el límite las relaciones con los farmacéuticos. Desde hace meses el PP andaluz dudaba de la legalidad de esta medida. Con el tiempo esa duda ha adquirido más consistencia. Su portavoz de Sanidad, Ana María Corredera, cree “desproporcionada” la actuación de María Jesús Montero, y asegura que, si el PP gana las elecciones autonómicas, la subasta tiene los días contados.

Pregunta. La Consejería de Salud ha acusado a las farmacias de crear una “alarma injustificada” ante desabastecimientos. ¿Cree que las denuncias de los farmacéuticos están justificadas?

Respuesta. La denuncia de los farmacéuticos era por la amenaza de la Consejería de retrasos e impagos a la hora de abonar los fármacos retirados vía receta por los usuarios del sistema sanitario público andaluz como represalia tras la negativa del Consejo Andaluz de Farmacéuticos a firmar un acuerdo que hiciese posible la licitación de fármacos, lo que conocemos como subasta de medicamentos. Es obvio que si no se llega a un acuerdo puede producirse ese desabastecimiento, porque si no pagas llega un momento en el que las farmacias no tienen liquidez y los laboratorios dejan de suministrar los productos.

P. La consejería ha habilitado un canal para que los pacientes puedan notificar toda incidencia que detecten en la dispensación de fármacos. ¿Cómo valora la actuación de la consejera?

R. La considero desproporcionada. La consejería pretende convertir en policías a los ciudadanos, siguiendo la estela de la ministra Leire Pajín, cuando pidió que los ciudadanos denunciaran a quienes incumplían la ley antitabaco. Eso solamente puede llevar a enfrentamientos innecesarios, además de que dejó entrever amenazas y represalias al sector, cuando lo que debería es sentarse con ellos, dialogar y alcanzar un consenso que no perjudique a los usuarios.

P. La farmacia es hoy el establecimiento más cercano al ciudadano. ¿Cree que la decisión de la consejería puede generar enfrentamientos a nivel social y perjudicar la imagen de la farmacia?

R. Creo que la consejería trata de eludir sus responsabilidades, y para ello quiere trasladar a la opinión pública que los responsables de que se produjese un problema de desabastecimiento son los farmacéuticos y no la Administración andaluza, cuando el problema de fondo lo han creado ellos. Tratan, ni más ni menos, de presionar al sector para que acepte sus condiciones con amenazas veladas, como, por ejemplo, la de echarle a los ciudadanos encima.

P. Los farmacéuticos son agentes de salud reconocidos en todas las comunidades ¿Cree que en Andalucía se les utiliza como herramienta economicista?

R. En Andalucía, en los últimos años, se ha llevado a cabo un importante ahorro en el gasto farmacéutico, y las medidas aplicadas fueron consensuadas con el sector. El problema actual es que se quiere dar una nueva vuelta de tuerca e imponer medidas que perjudican claramente a los farmacéuticos. Creo que desde la Administración andaluza se maltrata al sector farmacéutico, porque cuando éste no acepta un acuerdo claramente perjudicial a sus intereses, y que además tampoco beneficia al usuario, se le intenta presionar de forma torticera.

P. ¿Ve acertado que la consejería haya denunciado el concierto?

R. Me parece insensato que una administración denuncie un concierto que lleva años en vigor, que sufrió modificaciones en 2009 pero que ha venido funcionando relativamente bien, por razones economicistas o, lo que sería más grave, por una pataleta porque no se someten a sus demandas. Creo que si no se reconduce la situación pueden producirse consecuencias graves, ya que a partir del 10 de julio el Servicio Andaluz de Salud (SAS) rompe dicho concierto, quedando definitivamente extinguido el convenio vigente. Si esto sucediera, las farmacias no podrían garantizar el suministro y dispensación de medicamentos. Acarrearía un grave perjuicio económico para el sector, además de crear inseguridad jurídica. Conllevaría importantes pérdidas de puestos de trabajo. Y, como siempre, el perjudicado sería el usuario.

P. ¿Qué opina de la decisión inicial del SAS de devolver todas las recetas que no se dispensasen a precio menor?

R. Era una más de esas medidas de presión sobre el sector que podía tener tremendas consecuencias al limitar la capacidad de sustitución del farmacéutico, ya que se generaría una colapso en el sistema. El farmacéutico se vería obligado a enviar de nuevo al paciente a su médico para que le prescribiera el genérico de marca, y a la incomodidad del usuario se uniría la mayor presión asistencial de los médicos, que no andan sobrados de tiempo. También resultaba sorprendente la decisión de invalidar esta medida, que lleva diez años en vigor desde que se aplica la prescripción por principio activo en Andalucía, cuyo funcionamiento, a mi juicio, ha sido perfecto hasta el momento.

P. ¿Se ha acabado volviendo esa decisión sobre la Consejería?

R. Por lo que el PP ha tenido conocimiento, quitar la cláusula y cumplir estrictamente la Ley nacional de precios menores genéricos ha puesto de manifiesto que los medicamentos elegidos a nivel nacional son de laboratorios pequeños. Esto conlleva que se tenga que aumentar el precio menor del medicamento genérico y afecta a todo el nomenclátor de medicamentos a nivel nacional. Al parecer, la supresión de la cláusula del convenio implica el desabastecimiento, y me consta que el SAS ha tenido que subir el precio menor a 32 grupos por imposibilidad de abastecimiento suficiente de los laboratorios.

P. ¿Qué consecuencias pueden traer los retrasos e impagos de las facturas a las farmacias?

R. Tendría graves consecuencias. Entre ellas, el desabastecimiento, al no poder hacer frente a los pagos de los laboratorios por parte de los farmacéuticos. Pero también podría obligar al cierre de pequeñas farmacias, como las de municipios rurales con poca población, para las que los retrasos en los pagos les supondría no poder seguir prestando el servicio.

P. ¿Mantendrá el PP la subasta en caso de una hipotética victoria en elecciones autonómicas?

R. No, el PP ya ha manifestado públicamente su posición en contra de la subasta de medicamentos, porque creemos que invade competencias del Estado. El Ministerio de Sanidad es el único que puede fijar los precios de los medicamentos. A esto hay que unir que la subasta impediría a los profesionales prescribir los fármacos que consideren más adecuados a los pacientes, como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Además, la subasta también afectaría a la equidad y cohesión del SNS, poniendo en jaque el derecho de todos los españoles de obtener medicamentos en condiciones de igualdad, por no hablar del perjuicio al sector desde los laboratorios, distribuidores y responsables de las farmacias.